De acuerdo con Acnur, en Colombia existen 2.9 millones de migrantes venezolanos. El 70% (cerca de 2 millones), se encuentran regularizados, según la Encuesta Pulso Migratorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, publicada el 10 de octubre. Pero pese a esto, los criollos presentan grandes dificultades para acceder a un empleo formal. De hecho, el 80% no tiene un contrato legal en la actualidad.
Carlos Molina es un periodista venezolano, de 55 años, que migró a Colombia en abril de 2018. Ha trabajado como vendedor en diferentes empresas y también como auxiliar contable. En un supermercado de Bogotá le llegaron a pagar por debajo del salario que ganaban sus compañeros colombianos con cargos similares. En una tienda lo despidieron a los pocos meses tras recibir ataques de xenofobia, y aunque cuenta con el Permiso de Protección Temporal (PPT), por 10 años, y ha dejado sus hojas de vida en varios diarios de la capital colombiana, no puede ejercer su profesión porque no tiene su título universitario homologado.
María Clara Robayo, internacionalista e investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Colombia, explicó a La Prensa las barreras que tienen los venezolanos para ingresar a un empleo formal que le permita calidad de vida y estabilidad para su familia. La primera tiene que ver con que en distintas regiones del país vecino, la informalidad laboral es muy alta, incluso para sus propios ciudadanos.
Según Txomin Las Heras, investigador venezolano de migración, el 50% de los colombianos en edad productiva no cuentan con un contrato laboral formal. Eso es más elevado para los migrantes venezolanos. De hecho, el DANE precisa que el 68% de los criollos en ese país tan sólo cuentan con un contrato laboral verbal. Eso tiene muchas implicaciones, como que no sean inscritos a un Seguro Social, no tengan derecho a hacer reclamos, les paguen salarios bajos o incluso si son despedidos no se les cancele una liquidación.
Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público en Venezuela, exiliado en Colombia, explicó que en ese país existe la visa laboral de extranjero, pero tramitarla es un viacrucis burocrático. «El Estado colombiano no educa a los empresarios sobre cómo contratar a un extranjero. La gente ha optado por no ir al visado, salvo empresas muy grandes que tienen un departamento legal, bien informado, con varios abogados que se dediquen a eso, que ayudan a la tramitación de visas. Pero eso no son la mayoría de empleadores. El que tiene un restaurant con cinco empleados contrata por fuera de la ley, no reporta al empleado, violando todos sus derechos», refirió.
Robayo precisa que la informalidad laboral también viene dada por el desconocimiento que tienen los empleadores colombianos con respecto a políticas de migración, como el PPT, que permite a los migrantes venezolanos establecerse en ese país hasta por 10 años.
Otra barrera la impone el sector financiero. Hasta hace poco, los migrantes venezolanos no tenían opción a abrir una cuenta bancaria, así tuvieran el PPT. «Esto ha venido cambiando lentamente, pero justamente esa lentitud termina siendo una barrera de acceso», mencionó.
La xenofobia es otra limitante. El DANE informó que el 26,6% de los venezolanos ha tenido dificultad para encontrar trabajo porque son discriminados por su nacionalidad.
Migrantes son más vulnerables
Expertos señalan que aunque Colombia ha sido elogiada internacionalmente por las políticas que ha implementado para brindarle residencia legal y refugio a los migrantes venezolanos, los esfuerzos se deben incrementar para apalancar la verdadera integración social, porque no basta con crear un documento para regularizarlos.
El solo hecho de que 80% de venezolanos, en el vecino país, se encuentren laborando informalmente aumenta sus niveles de precariedad y vulnerabilidad, sobre todo cuando la mayoría de esa población es parte de la migración forzosa.
«Muchos venezolanos llegan con una pobreza estructural. He tratado con gente muy valiosa que tiene muchísimo potencial, pero, por ejemplo, no pudieron culminar sus estudios. Son personas que han tenido que trabajar desde muy jóvenes, y esos esquemas los arrastran a Colombia. Tanta necesidad los hace presa fácil para la explotación. Pueden caer en redes criminales que los instrumentalicen. Mucho se habla en la sociedad colombiana de venezolanos que cometen delitos, pero nunca se habla de venezolanos víctimas. Hay muchas mujeres que son reclutadas para ser parte de redes de prostitución, al igual que niñas. El trabajo esclavo al que someten a muchos de los hombres en situaciones en las que no se respeta la ley laboral», comentó el abogado venezolano Zair Mundaray.
En buena parte de los casos, los criollos acceden a trabajar en sitios donde les pagan muy por debajo de sus conocimientos, o títulos profesionales, por la necesidad que tienen de mantener a sus familias.
Según los resultados de la séptima Encuesta Pulso de la Migración del DANE, el 60% de los migrantes venezolanos han enfrentado dificultad para comprar productos alimentarios en el último mes por los bajos salarios que perciben.
Acceso educativo
De acuerdo con la Encuesta Pulso de la Migración que publicó el DANE, 70,8% de todos los niños y adolescentes venezolanos que están en Colombia estudian. Sólo 11,9% no están en el sistema escolar.
«En Colombia desde 2017 hay una obligatoriedad de la matrícula en colegios, independientemente de la nacionalidad del menor e independientemente del estatus regular. Y además, el PPT ha dinamizado mucho más esto; sin embargo, la pregunta es: ¿qué está pasando con esos migrantes que están dando esas razones por las que no inscriben a sus hijos al sistema escolar? Es porque efectivamente no saben de la norma. Y ahí el tema es ¿por qué estas poblaciones no tienen conocimiento de esta norma?, en ese sentido hay una falla de políticas públicas», considera María Clara Robayo, internacionalista.