Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- En total han sido 49 los militares sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Panamá, Reino Unido y los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Se les acusa de estar vinculados al narcotráfico, de ser responsables de torturas y graves violaciones de Derechos Humanos (DD.HH), de reprimir brutalmente a manifestantes opositores desde 2014 y de vulnerar los principios democráticos en las elecciones que se han desarrollado en el país desde 2017.
Actualmente ocupan la cúpula del poder militar y Ejecutivo, detentan el Ministerio de Defensa, de Interior Justicia y Paz, la cartera de Energía Eléctrica, la dirección de la policía política (SEBIN), y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Están a la cabeza de la las FAES, que el pasado 9 de septiembre de 2019 la Alta Comisionada para los DD.HH de la ONU Michelle Bachelet llamó «escuadrón de la muerte», por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales en su haber desde 2016.
Los militares sancionados están a cargo del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB), de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) y de las Zonas Operativas en los estados. Los acompañan 168 personas, entre ellas Nicolás Maduro, y quienes han formado parte del tren ministerial, son los principales representantes de los poderes públicos o son disidentes opositores acusados de corrupción. En seis años sólo 29 de estas personas han salido de las filas del poder.
«Las sanciones individuales de la comunidad internacional son mortales para Maduro y su entorno porque los enclavan en Venezuela. Son funcionarios que no pueden tener ningún tipo de actividad u operación fuera del país, y si lo hacen corren el riesgo de que los capturen. Más que afectar la gobernabilidad estas sanciones están afectando la dinámica política y económica del régimen y se han visto obligados a relacionarse con países o grupos con desprestigio internacional por ser Estados forajidos o fallidos», resaltó Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho de la UCV.
Las implicaciones que tienen esta medidas de presión de la comunidad internacional democrática contra el gobierno de Venezuela para que se encause en la democracia, van desde congelación de activos, de bienes y la prohibición de ingresar a esos territorios. Al menos cinco de estos funcionarios tienen orden de captura por EE.UU desde el 26 de marzo de 2020, cuando el expresidente Donald Trump ofreció 55 millones de dólares para capturar a Maduro, Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, Tareck El Aissami, Ministro de Petróleo, Hugo Carvajal, exdirector de la DGCIM evadido de la justicia española, y el ex jefe militar Cliver Alcalá Cordones, que decidió entregarse.
Pocos con temor
Según el politólogo Radames Graterol, aunque las sanciones individuales que han impuesto 53 países contra funcionarios del gobierno tienen el propósito de encarrilar al país a la democracia, logrando mantener a las primeras figuras del oficialismo acorraladas en Venezuela, la presión no ha logrado debilitar al gobierno.
«En vez de fragmentarse el chavismo se comporta como un bloque monolítico. Siguen en el poder, ocupando los cargos más importantes. A medida que han ido ganando elecciones aunque fraudulentas y con poca participación, el gobierno se ha sentido fortalecido, porque por la vía del totalitarismo mantienen el control de todas las instituciones», comentó Graterol.
Las medidas de presión no han metido miedo en la cúpula del gobierno, al punto que muy pocos sancionados han admitido los señalamientos de los que son acusados, y han buscado refugio en los países del hemisferio o se han entregado a la justicia internacional. Se conoce el caso del general Cliver Alcalá acusado por un tribunal de EE.UU de narcotráfico, se entregó el pasado 27 de marzo de 2020 ante la DEA.
En 2018 la juez venezolana Carol Padilla sancionada por EE.UU, migró a Bilbao, España. Está vinculada con imputar al diputado de la AN, Juan Requesens por el cargo de terrorismo y magnicidio contra Nicolás Maduro, por la explosión de dos drones registrada el 14 de agosto de ese mismo año en un desfile militar de Caracas.
El general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, antiguo jefe del SEBIN, se encuentra en EE.UU luego de desertar al gobierno y colaborar con la fuga del líder de Voluntad Popular Leopoldo López, el pasado 30 de abril de 2020. Canadá fue uno de los primeros países en retirarle las sanciones tras esta acción.
El 18 de junio de 2020 se encuentra detenido en Cabo Verde, país africano, Alex Saab, el empresario colombiano, que el gobierno se empeña en reconocer como diplomático venezolano. Forma parte de la lista de 14 funcionarios que EE.UU solicita por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación e importaciones ficticias y estafa. Actualmente está en proceso de extradición.
«Venezuela se manifiesta como el modelo perfecto de un Estado forajido que utiliza su propio territorio como teatro de operaciones de los intereses más diversos, pero que convergen con asombrosa sincronía en una demolición estructural del aparato gubernamental para posesionarse en el control político», señaló Tulio Álvarez, abogado en Derecho Constitucional.
«La UE busca unas elecciones libres»
Entre las sanciones más recientes que se contabilizan están las aplicadas por la Unión Europea el pasado 22 de febrero contra 19 funcionarios venezolanas acusados de «socavar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la AN, y por las graves violaciones de DD.HH y restricciones de las libertades fundamentales», según señala el documento publicado.
Nelson Chitty La Roche, abogado y experto en política internacional, sostiene que estas sanciones buscan distinguir a los principales responsables de delitos de lesa humanidad en Venezuela. «Tienen que distinguir a las cabezas visibles del régimen. Las sanciones persiguen obligar a Maduro a permitir elecciones libres y evidencian que el tema de la intervención militar está descartado para los europeos», explicó.
Está difícil que las levanten medidas
El abogado en derecho internacional Roberto Monagas, sostiene que aunque Nicolás Maduro está intentando negociaciones con gremios democráticos del país como Fedecámaras, será muy difícil que las sanciones internacionales se levanten si en el país no se dan elecciones libres y un cambio político y económico.
«Las sanciones son mecanismos de presión que las aplican los países del mundo para buscar cambios internos de gobierno y se respeten las garantías de derechos, o libertades económicas. Eso no ha ocurrido en Venezuela desde que el gobierno de Barack Obama en el 2015 las aplicó contra los primeros siete funcionarios venezolanos que fueron puestos en esta lista como violadores de DD.HH.