Jesús Pérez | LA PRENSA de Lara.- Chile vivió la madrugada del jueves una tensa jornada en las calles de Santiago, pues la nueva ola de disturbios dejó un muerto y varios heridos, entre civiles y carabineros.
El nuevo llamado a calle fue convocado como protesta a la muerte de Jorge Mora, un hincha del equipo de fútbol Colo-Colo, quien fue atropellado por un camión de Carabineros el pasado martes. Su muerte retornó las protestas, saqueos e incluso quemas de buses.
Reportes policiales informan que se han producido numerosos saqueos en comercios. Dos funcionarios de seguridad de Chile resultaron heridos durante la jornada; uno de ellos fue baleado, y otro arrollado por una camioneta. Dos autobuses también fueron incendiados en distintos puntos de la ciudad.
Al menos 20 personas resultaron detenidas entre los disturbios.& ;
Chile vivió un estallido social y político desde el pasado 18 de octubre de 2019, esos días fueron marcados por los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los Carabineros, la fuerza policial de ese país.
Hace poco más de una semana, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la «Ley antisaqueos y barricadas», con la intención de evitar nuevas acciones contra el orden público en su país.
«Es una buena ley y es una positiva señal. Lo que ha dicho el Congreso es que resguardar el orden público, la tranquilidad y la seguridad de las personas es relevante», dijo sobre la ley el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Esta normativa tipifica como delito la alteración de la paz pública y eleva penas contra saqueos, barricadas y prácticas como «el que baila pasa». Según el propio Sebastián Piñera, presidente de Chile, esta ley «permitirá proteger mejor la libertad y el legítimo derecho de reunión y manifestación pacífica de todos».
El pasado mes de noviembre de 2019, el Senado de Chile aprobó la «Ley Antiencapuchados» que penaliza a quienes asistan a las manifestaciones sociales y cometan delitos con sus rostros tapados.
La ley se dirige a quienes incurran en delitos durante las manifestaciones y cubran sus rostros para evitar ser identificados por funcionarios de seguridad. Sus condenas van desde 541 días a tres años de reclusión.
Con información de: BBC Mundo
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