El anuncio, tras semanas de deliberaciones, supone un fuerte golpe para la comunidad inmigrante de Estados Unidos, especialmente porque fue retratado por la Casa Blanca como una decisión que prioriza los empleos y la seguridad de los “trabajadores ciudadanos estadounidenses”.

“Antes de preguntarnos qué es justo para los inmigrantes ilegales, debemos de preguntarnos qué es justo para las familias estadounidenses, para los estudiantes, para los contribuyentes y para los que buscan empleo”, consideró Trump en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

Trump, sin embargo, reiteró que encarará “con corazón y compasión” la situación de los miles de indocumentados que se beneficiaron del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y pudieron frenar su deportación, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.

“Como he dicho antes, resolveremos el tema de DACA con corazón y compasión, pero a través del proceso democrático legal, mientras al mismo tiempo nos aseguramos de que cualquier reforma migratoria que adoptamos ofrece beneficios duraderos para todos los ciudadanos estadounidenses”, destacó.

“Debemos tener corazón y compasión para los estadounidenses desempleados, que luchan y han sido olvidados”, añadió el mandatario, en un claro guiño a la clase trabajadora.

De esa forma, el presidente cumplió con una de sus principales promesas de campaña y atendió el llamado de los fiscales generales de nueve estados conservadores, encabezados por Texas y que habían amenazado con interponer hoy mismo una demanda contra el Gobierno si no derogaba el programa.

La decisión de Trump no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, dentro de seis meses, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio, debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores” (dreamers).