“Dos decisiones del Tribunal Supremo de Justicia adoptadas esta semana afectan seriamente la independencia y funciones de la fiscal general y del Ministerio Público”, señaló el experto independiente en un comunicado.

La primera, anula el nombramiento del vicefiscal general, transfiriendo esa atribución al Tribunal Supremo de Justicia, mientras que la segunda “interfiere” en las investigaciones de hechos punibles a cargo del Ministerio Público, otorgando atribuciones exclusivas de la Fiscalía a la Defensoría del Pueblo, afirmó García-Sayán.

Las medidas de restricción de derechos a la fiscal dispuestas por el Tribunal Supremo se mantendrán vigentes hasta una audiencia el 4 de julio de 2017, en la cual se decidirá si hay méritos para enjuiciar a Ortega Díaz, quien ha sido acusada por un diputado del bloque del Gobierno de “faltas graves” en el ejercicio de su cargo público.

El relator especial llamó al Tribunal Supremo de Justicia a que “rectifique estas medidas y abandone todo tipo de actos que reduzcan las funciones otorgadas legal y constitucionalmente al Ministerio Público y a la fiscal general de Venezuela, así como actos que afecten los derechos individuales de Ortega Díaz”.

“Cualquier investigación o acción judicial debe ser llevada a cabo de manera transparente y con estricto respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico”, subrayó el experto de la ONU.

“Es fundamental evitar cualquier tipo de medida de intimidación en contra de la Fiscalía. La independencia y capacidad de un fiscal de investigar delitos, incluyendo violaciones de derechos humanos, es necesaria para el funcionamiento de un sistema democrático”, destacó García-Sayán.

El relator aseguró que seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela, en cumplimiento de la responsabilidad de su mandato de velar por la independencia de magistrados y fiscales en el mundo.