EFE | LA PRENSA.- La desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Iguala, estado mexicano de Guerrero, es para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) «un expediente abierto», indicó este domingo el organismo, y exigió que los hechos no queden en la impunidad ni el olvido.
«La gravedad y relevancia de los hechos demandan su total esclarecimiento y que los responsables rindan cuenta de sus actos ante la ley y ante la sociedad», sostuvo la CNDH en un pronunciamiento divulgado este domingo.
Apuntó que a dos años de ocurridos los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, donde desaparecieron los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, aún es asignatura pendiente su total esclarecimiento.
«Si bien las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) muestran avances, aún no han arrojado resultados concluyentes. En particular, sigue sin determinarse el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, prioridad y objetivo de la investigación», enfatizó.
Para la CNDH, «lo preponderante es que se conozca la verdad de los hechos y que los derechos de las víctimas sean reparados y se tomen las acciones necesarias para prevenir se cometan nuevas afectaciones».
El organismo recordó que en razón de ello ha formulado 57 observaciones y propuestas a diversas autoridades federales, estatales y municipales.
Asimismo, señaló que estará al tanto del cumplimiento que las instituciones brinden a las 22 recomendaciones sobre la investigación que fueron formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La CNDH continuará desarrollando su investigación de manera objetiva, exhaustiva, científica e integral en el ámbito de los derechos humanos, cuyo objetivo es determinar las violaciones a los derechos fundamentales cometidas antes, durante y después de los hechos de Iguala y, una vez concluida, emitirá la determinación de fondo sobre el caso», acotó.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014 un grupo de 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero de la localidad aledaña de Cocula.