AP | LA PRENSA DE LARA.- Adriana Marero abandonó la universidad en su Venezuela natal en 2017, cuando las protestas antigubernamentales se tornaron violentas y los problemas económicos se agravaron, y se marchó a Perú buscando un lugar en el que poder ganarse la vida dignamente. Repartió comida en su bicicleta, ejerció de anfitriona en un casino y trabajó en varios restaurantes.
Entonces llegó la pandemia del coronavirus, que ha golpeado especialmente a Perú, y Marero se quedó sin empleo, como muchos otros inmigrantes. Decidida a mantener sus ingresos, Marero aprendió a hacer productos naturales para el cuidado de la piel, que vende en mercados de artesanía junto a docenas de venezolanos que han abierto sus propios negocios.
Pero los esfuerzos de Marero y otros como ella para ganarse la vida honestamente se han visto cada vez más empañados por lo que los defensores de los migrantes describen como una excesiva atención de la policía y los medios locales a los delitos cometidos por unos pocos venezolanos. Esto, señalan los activistas, está alimentando la xenofobia entre los peruanos.
«Realmente es un pequeño grupo que viene a hacernos quedar mal», afirmó Janny Contreras, también venezolana, que vende joyas en otro puesto del mercado.
Los migrantes descubiertos en actividades ilegales, apuntó Contreras, son muchos menos que los «venezolanos emprendedores que vinieron a este país a trabajar».
Perú alberga a casi un millón de desplazados venezolanos, un éxodo que comenzó alrededor de 2014 cuando la inflación, el desempleo, la delincuencia y la escasez de alimentos y medicinas se dispararon en su país natal. Los migrantes, muchos de ellos con estudios superiores o varios títulos universitarios, han entrado principalmente en la economía informal de Perú, trabajando como conductores de taxi y bus, repartidores, cocineros y, durante la pandemia, como enterradores.
Mientras el coronavirus sigue infectando y matando a cientos de personas cada día en el país, provocando nuevas cuarentenas y hundiendo más aún su economía, los peruanos tienen la vista puesta en las elecciones locales y presidenciales que se celebrarán en menos de tres meses. Y algunos políticos se están enfocando en los migrantes, acusándolos de estar desproporcionadamente implicados en actividades delictivas.
Álex Gonzáles Castillo, alcalde de San Juan de Lurigancho, en el municipio de Lima, señaló que en su jurisdicción de 1,2 millones de habitantes, los delitos más violentos son cometidos por extranjeros, a los que acusa de organizar ataques a gente en paradas de autobús. Pero los únicos datos concretos que ofrece son los de infracciones de tránsito menores.
Según el regidor, alrededor del 70% de las intervenciones policiales contra conductas que alteran «el orden del distrito» implican a extranjeros.
Gonzáles salta de eso a decir que los venezolanos están involucrados en «muchos delitos». La atención pública suele centrarse en casos como el del un conductor de autobús venezolano que atropelló y mató a una mujer el mes pasado. No tenía permiso de conducción y ahora está considerado prófugo de la justicia.
Otros desafían esa percepción.
Un reporte presentado por los centros de estudios de Washington Brookings Institution y Migration Policy Institute en septiembre concluyó que los migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Chile cometen muchos menos delitos per cápita que la población nativa, según datos de 2019. Tomando los datos de encarcelamientos en Perú como indicador de la tasa de criminalidad, los investigadores afirmaron que el 1,3% de los reclusos habían nacido en el extranjero. Los venezolanos suponían, en ese momento, el 2,9% de la población total del país.
Perú tiene la segunda mayor comunidad de venezolanos desplazados luego de Colombia. Casi medio millón solicitaron estatus de refugiado, y unos 280.000 han obtenido la residencia. De los que tienen trabajo, cerca del 94% forman parte de la economía informal, que incluye repartidores, vendedores ambulantes y conductores de mototaxi, de acuerdo con las estimaciones de Naciones Unidas.
Federico Agusti, representante en Perú del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuestionó las afirmaciones de funcionarios de que los venezolanos están cada vez más ligados a la criminalidad. Según los datos compartidos por el gobierno de Lima con la agencia de la ONU, solo el 1,8% de todas las denuncias presentadas en el país son contra venezolanos, agregó.
«Cuando realmente miramos los datos, nuestra preocupación es que se ponga, el foco de la inseguridad en la población extranjera, cuando no debería ser», señaló Agusti agregando que esto puede tener un pacto en la población venezolana porque puede aumentar la discriminación y el rechazo.
Esa discriminación puede traducirse en que los venezolanos sean rechazados a la hora de solicitar un empleo o firmar un arrendamiento porque los propietarios puedan temer que se trate de una persona violenta o de un delincuente, afirmó.
Con información de: AP