EFE | LA PRENSA.- El Comité de la ONU contra la Tortura dijo hoy que le preocupan profundamente las denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato” en distintos ámbitos de las fuerzas de seguridad, así como por parte de personal penitenciario.
Este último “arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”, manifestó el órgano que supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura por parte de los Estados que la han ratificado.
El Comité analizó en su último periodo de sesiones el informe presentado por el Gobierno argentino e interactuó con una delegación oficial que expuso los esfuerzos del país en esta materia.
En su informe final, emitido hoy, el Comité señaló que cuenta con denuncias sobre violencia institucional contra los reclusos al ingresar en unidades carcelarias y “otras prácticas de asfixia con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, así como castigos colectivos gravosos”.
También indico que preocupan las informaciones sobre “traslados arbitrarios de detenidos lejos de sus familias a modo de castigo encubierto”.
Por ello, el Comité pidió al Estado argentino que tome medidas “urgentes para evaluar las prácticas de torturas y maltrato en los centros de detención a nivel federal y provincial”, con el fin de desarrollar las políticas de prevención necesarias y controles internos y externos.
Además, le instó a que “reafirme de forma inequívoca la prohibición absoluta de la tortura”, que investigue “sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención” y que garantice, cuando sea posible, que los detenidos permanezcan en establecimientos próximos a sus hogares.
Por otra parte, los miembros del Comité mencionaron informaciones que dan cuenta de “patrones de violencia y arbitrariedad” por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales durante detenciones sin orden judicial, particularmente de jóvenes y menores de edad en situación de marginalidad.
El órgano de supervisión de la ONU consideró preocupante el aumento constante de la población penitenciaria desde 2009, lo que ha agravado la sobrepoblación existente en varias provincias, que en el caso de la de Buenos Aires ha resultado en un estado de emergencia penitenciaria.