EFE | LA PRENSA DE LARA.- La respuesta del Estado a las protestas de mediados de año en Colombia se caracterizó por «graves violaciones a los derechos humanos», denunció este miércoles un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, según el cual al menos 28 de las 46 muertes constatadas fueron por acción de la Policía.
Para la investigación, la Oficina de la ONU hizo «más de 600 entrevistas a víctimas y testigos de presuntas violaciones de derechos humanos», sostuvo más de 500 reuniones con funcionarios de la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, alcaldías y gobernaciones, y más de 370 con organizaciones de la sociedad civil, con manifestantes y con el sector privado.
«Tras contrastar toda esta información, tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza resultaron violaciones a los derechos humanos tales como las privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública», afirmó la representante en el país de la Oficina de la ONU para los DD.HH., Juliette de Rivero, en la presentación virtual del informe.
Entre esas violaciones, el informe titulado «El paro nacional 2021. Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia», señala además «violaciones a la integridad y seguridad personal derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza; detenciones arbitrarias; violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo«.
En muchos casos, «las víctimas eran indígenas y afrodescendientes», agregó el estudio sobre la respuesta de la fuerza pública, y en especial de miembros de la Policía, a las manifestaciones que sacudieron al país entre el 28 de abril y el 31 de julio pasado, en protesta contra la política económica y social del Gobierno.
EXCESOS POLICIALES
El informe señala que en esos tres meses la Oficina de la ONU «recibió información sobre alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas», de las cuales fueron verificadas 46, mientras que cuatro casos se encuentran aún en proceso de verificación y en los otros 13 «consideró que no había información concluyente para determinar si las muertes tuvieron lugar en el contexto de las protestas».
«De los casos verificados, 44 víctimas eran civiles y dos eran policías», añade el informe, según el cual «existen motivos razonables para afirmar que, de los 46 casos verificados, en al menos 28 los presuntos perpetradores habrían sido miembros de la fuerza pública».
En otros 10 los responsables habrían sido «actores no estatales», que según explicó De Rivero, fueron «individuos vestidos de civil», mientras que «en otros ocho casos no tuvimos información suficiente para identificar al presunto perpetrador», agregó la funcionaria.
El informe incide en que en al menos en 10 de las 28 muertes atribuibles a policías, «podrían estar vinculados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)», duramente criticado por sus excesos en la represión de las protestas, mientras que en otras dos muertes el responsable «habría sido un funcionario del CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) actuando por fuera de sus funciones».
«La mayoría de los personas fallecidas eran jóvenes de entre 17 y 26 años, jóvenes que vivían en barrios pobres y periféricos, hijos de padres campesinos, hijos de indígenas y afrodescendientes», lamentó la funcionaria.
Agregó que muchos de quienes murieron en las protestas eran además «jóvenes desplazados por la violencia, jóvenes dedicados al comercio informal, artistas, deportistas y estudiantes, algunos de ellos desescolarizados».
De las 46 muertes violentas, la mayoría (34) tuvieron lugar en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), cuya capital, Cali, se convirtió durante varias semanas en epicentro de las manifestaciones y de los actos vandálicos.
VIOLENCIA SEXUAL
También fueron recibidas denuncias de violencia sexual en contra de 60 personas (48 mujeres y 12 hombres) «presuntamente cometidas por miembros de la Policía», de los cuales el organismo internacional verificó 16 casos.
De Rivero explicó que hace varias semanas se puso en conocimiento del Gobierno «a través de la Cancillería» el documento publicado hoy «y hemos acogido varios comentarios recibidos».
En ese sentido subrayó la necesidad de que la Fiscalía, que investiga 29 muertes, amplíe su radio de actuación porque «todas las muertes que ocurrieron en el marco de la protesta deben ser investigadas».
Explicó que cuando se habla de esas muertes su Oficina incluye las «ocurridas en el transcurso de la protesta o como consecuencia de las acciones u omisiones del Estado en respuesta a la protesta».
El informe también hace una serie de recomendaciones sobre la necesidad de «cambiar la forma en que se gestionan las manifestaciones en Colombia para reforzar la protección y el derecho a la manifestación pacífica».
«Esto no es solo un tema de orden público, es un tema de protección y derechos», insistió la funcionaria, quien subrayó que en las manifestaciones debe primar el diálogo, «se debe evitar la estigmatización de la protesta y el uso de la fuerza» y la dispersión de las aglomeraciones debe hacerse «en estricta observancia de las normas y estándares internacionales de derechos humanos».