La Corte Penal Internacional (CPI), decidió suspender con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futuro. La decisión fue tomada tras casi dos años de polémica por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
A través de un comunicado difundido al término de una reunión celebrada en La Haya este lunes 8 de junio, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, órgano ejecutivo y de coordinación, explicó que, por mayoría cualificada, acordó remitir el procedimiento disciplinario por acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra Khan al pleno de los 125 países miembros.
No obstante, la suspensión del fiscal jefe, hasta que se adopte una decisión final, “no es una indicación del resultado final” del procedimiento, aseguró la Mesa sobre una medida que supone un duro revés para el fiscal británico, que hasta ahora había defendido que las conclusiones de un panel independiente de expertos judiciales equivalían a una exoneración de las acusaciones.
La evaluación de la Mesa, compuesta por 21 miembros, se basó en un informe elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas (OIOS), las pruebas recopiladas durante la investigación, el dictamen de un panel de expertos judiciales y las alegaciones presentadas por escrito por las partes afectadas. Tanto la decisión como la documentación examinada permanecerán confidenciales.
Caso Karim Khan
La decisión abre un nuevo capítulo en una crisis institucional que comenzó en abril de 2024, cuando una abogada que trabajaba directamente bajo la supervisión de Khan denunció haber sido víctima de conductas sexuales no consentidas.
Dos compañeros de la denunciante trasladaron inicialmente las acusaciones a la dirección de la Corte, lo que llevó al mecanismo interno de supervisión a abrir una investigación que fue cerrada pocos días después.
Meses más tarde, la OIOS asumió la investigación y elaboró un informe que sigue siendo confidencial, aunque, según filtraciones de los últimos meses, la ONU habría encontrado indicios de que respaldaban las acusaciones, pero el panel independiente consideró que las pruebas disponibles no permiten acreditar una conducta indebida con el estándar legal exigido.
La coexistencia de ambas conclusiones enfrentó durante meses a los países miembros de la Corte: algunos defendían que el caso debía cerrarse, y otros sostenían que los hallazgos de la ONU eran demasiado graves para archivar el asunto sin una respuesta institucional.
Con información de La Patilla y EFE