EFE | LA PRENSA.- El exministro de Hacienda brasileño Nelson Barbosa, uno de los responsables de la política económica en el Gobierno de Dilma Rousseff, defendió el pasado sábado 26 de agosto a la presidenta y afirmó que las maniobras fiscales que la tienen al filo de la destitución se enmarcaron en la legalidad.
Barbosa compareció ante el Senado, constituido en tribunal, como testigo de la defensa de Rousseff en la fase final del proceso que enfrenta la mandataria y esgrimió unos densos alegatos técnicos para justificar las maniobras fiscales en que se apoyan los cargos.
Rousseff está acusada de emitir decretos que modificaron los presupuestos sin la venia del Congreso y de contratar créditos con la banca pública en favor del Gobierno.
Según Barbosa, los decretos se enmarcaron en la legalidad, pues si bien no fueron autorizados por el Parlamento, alteraron partidas pero no valores y de ese modo no representaron un aumento del gasto, como sostiene la acusación.
Sobre los otros cargos, afirmó que «no tienen sustentación legal» ya que, en su opinión, no hubo créditos, sino «atrasos» en depósitos que el Gobierno debía hacer en la banca pública, usada como agente de pago, para costear planes sociales y de apoyo a la agricultura.
«La morosidad jamás es un atraso. No hay ninguna ley que diga eso», argumentó el exministro.
Las demoras en los depósitos fueron entre 2014 y 2015, alcanzaron picos de unos 50.000 millones de reales (hoy unos 15.600 millones de dólares), generaron elevados intereses e incluso fueron omitidos de los balances del Gobierno, que no los contabilizó como deudas.
La acusación sostiene que el hecho de haber ocasionado intereses convirtió a los atrasos en créditos del Gobierno con bancos públicos que controla, lo cual está vedado por la ley, y que la ausencia de esas operaciones en los balances supone un delito de «omisión».