EFE | LA PRENSA DE LARA.- La emboscada de este viernes en la que fueron asesinados siete policías en el suroeste de Colombia es el ataque más grave cometido en el país desde la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro, quien no dudó en considerarlo como un sabotaje a su propuesta de «paz total».
El ataque fue perpetrado con explosivos y ráfagas de fusil contra una unidad policial que se movilizaba en una camioneta tras una jornada de trabajo en la aldea de San Luis, en la zona rural de Neiva, capital del departamento del Huila.
Hasta el momento se desconoce a los responsables del atentado, aunque en el departamento del Huila, que fue duramente golpeado durante décadas por la antigua guerrilla de las FARC, operan disidentes de ese grupo que no se acogieron o renunciaron al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
SABOTAJE A LA PAZ
Petro, que asumió la Presidencia hace 25 días con la promesa de lograr la «paz total» en el país, donde además de las disidencias de las FARC persisten otros grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y numerosas bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y le extorsión, condenó de inmediato la emboscada.
«Rechazo contundentemente el ataque con explosivos donde murieron 8 policías en San Luis, Huila. Solidaridad con sus familias», manifestó el presidente en su cuenta de Twitter.
El mandatario fue más allá y señ;aló: «Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total».
«La paz total va en contravía de la connivencia y el silencio ante la criminalidad. Esta acción de terror es un saboteo a los propósitos de superar estas violencias que sirven para los intereses de unos pocos, que viven y han vivido de la guerra», manifestaron por su parte el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado conjunto.
ACERCAMIENTOS PRELIMINARES
Esta ambiciosa iniciativa hasta hoy no había tenido resistencia entre los grupos armados ilegales que manifestaron por distintas vías su intención de buscar un acuerdo con el Gobierno, bien sea mediante una negociación de paz en casos como el del ELN -una guerrilla política-, o un sometimiento a la justicia para los involucrados en delitos comunes, como los de las bandas de narcotraficantes o las disidencias.
En el caso del ELN, los contactos avanzaron el mes pasado en Cuba donde los negociadores de esa guerrilla y el Gobierno acordaron la reanudación de los diálogos de paz interrumpidos en 2018.
En las semanas previas a la investidura de P
