- El Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió directrices que buscan dar mayor certeza a las entidades bancarias al procesar transacciones para la reconstrucción tras los terremotos en Venezuela.
- La medida mantiene los controles contra el lavado de dinero mientras se promueven las labores de reactivación.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) hizo pública este lunes 27 de julio de 2026 una postura actualizada de aplicación normativa. La disposición tiene como propósito fundamental respaldar los planes de reactivación económica y las labores de atención social tras las afectaciones dejadas por los recientes terremotos en territorio venezolano. (Ver documento)
La publicación de esta medida busca ofrecer un marco de actuación más claro a las instituciones del sistema financiero internacional que gestionan operaciones vinculadas con el país. Esta acción se alinea con la postura de Washington de favorecer el flujo de recursos orientados a la asistencia de las zonas impactadas por los eventos naturales.
EE.UU. mantiene vigente los mecanismos de fiscalización
Como ente responsable de resguardar el sistema financiero estadounidense frente a actividades ilícitas y al blanqueo de capitales, la FinCEN puntualizó que la declaración de cumplimiento está diseñada para habilitar proyectos económicos e intervenciones de carácter humanitario. Sin embargo, el organismo enfatizó que se mantendrán vigentes los mecanismos de fiscalización para prevenir el lavado de activos.
El anuncio forma parte de una serie de revisiones continuas en la política exterior estadounidense hacia Venezuela, las cuales contemplan modificaciones en el régimen de sanciones y la emisión de licencias especiales por parte del Tesoro para habilitar determinadas transacciones de interés comercial y social.
Con este criterio, se espera que los bancos puedan evaluar con mayor confianza jurídica las transacciones orientadas a la reconstrucción de infraestructura, distribución de ayuda humanitaria e iniciativas comerciales legítimas. La decisión coincide con los desafíos que afronta la nación para dinamizar su aparato productivo tras los sismos, en el marco de acercamientos bilaterales en materias económica y energética.
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