EFE | LA PRENSA.- El gobierno de Costa Rica llamó este jueves a consultas a la ministra consejera y encargada de negocios en Venezuela, Ana Patricia Villalobos Arrieta, la máxima representante diplomática en ese país, ante la crisis política y social que se vive allí.
La Cancillería costarricense indicó que Villalobos ha sido llamada para «que contribuya a la reflexión emprendida por el gobierno de Costa Rica sobre lo que acontece en ese país».
Desde marzo de 2015 Costa Rica no cuenta con embajador en Venezuela.
El gobierno costarricense también expresó «su más profunda preocupación por la convocatoria del gobierno de Venezuela a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos miembros, en lugar de ser electos por medio del sufragio directo, secreto y universal, serán seleccionados por sectores sociales y comunidades».
Según el comunicado del gobierno costarricense, «lejos de atender a los legítimos llamados de millones de venezolanos y de la comunidad internacional, por asegurar la plena restauración del orden democrático en Venezuela, el anuncio del 1 de mayo de 2017 (de convocar la constituyente) cercena la ya frágil institucionalidad democrática y del Estado de Derecho».
Costa Rica también lamentó las «decenas de personas heridas, torturadas, detenidas o bien que han perdido su vida» e instó al Ejecutivo venezolano «a cumplir con todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos sobre el manejo de manifestaciones públicas y el uso de armas de fuego».
Además, Costa Rica deploró la militarización del conflicto así como el anuncio de «armar a 500.000 milicias civiles».
«Reiteramos nuestro llamado al gobierno de Venezuela (…) para que levante el desacato a la Asamblea Nacional, garantizando así la debida separación e independencia de los poderes, la vigencia del Estado de Derecho y el disfrute de todos derechos y libertades fundamentales de los venezolanos».
El gobierno costarricense dijo que continuará abogando por la concreción de un acuerdo nacional con una hoja de ruta verificable que atienda «las profundas crisis que enfrenta Venezuela, como el establecimiento de un canal humanitario».
Otras demandas de Costa Rica son el cumplimiento del cronograma electoral con observación internacional reconocida, la liberación de los políticos presos y el levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los opositores al gobierno.