AP | LA PRENSA DE LARA.- Centenares de migrantes venezolanos varados en la frontera de Chile con Perú intentan, sin éxito, ingresar a territorio peruano, mientras autoridades chilenas plantean la creación de un corredor humanitario que les permita retornar a su país de origen. El gobierno de Dina Boluarte decretó el miércoles un estado de emergencia en todas las zonas de frontera para frenar el ingreso de extranjeros.
Los migrantes, en su mayoría venezolanos, buscan abandonar Chile, atravesar Perú y seguir camino hacia su país, pero no pueden salir del territorio chileno pues Perú no permite su ingreso al carecer de documentos. Desde la Cámara de Diputados chilena, el presidente Vlado Mirosevic, propuso el jueves la creación de un corredor humanitario para facilitar un regreso seguro y ordenado.
Un día antes, la presidenta peruana, Dina Boluarte, decretó la emergencia que incluía a Tacna, una población cercana a Chile, para «la ejecución de operaciones policiales para el control de las fronteras» y contener la llegada de extranjeros. El anuncio lo hizo junto con unas declaraciones en las que atribuía «actos delincuenciales» a los migrantes y en las que afirmaba que «tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana».
Además del corredor humanitario, el alcalde de Arica, una ciudad del norte de Chile fronteriza con Perú, declaró el jueves una emergencia migratoria frente a la crisis que viven centenares de inmigrantes varados. Gerardo Espíndola declaró que «vamos a disponer de recursos» para ir en apoyo de las personas más necesitadas, especialmente niñ;os y adultos mayores.
Los migrantes que no pueden avanzar hacia Perú enfrentan desde hace varios días el clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta, con calor durante el día y un intenso frío por la noche.
Algunos improvisaron carpas con mantas, pero carecen de agua y servicios básicos. Hay también quienes han encontrado ayuda en el cercano complejo fronterizo de Chacalluta, en la frontera con Perú.
Las imágenes de televisión desde la zona mostraron el jueves a un grupo de inmigrantes que se lanzó a correr por la arena del desierto hacia Perú, pero fueron devueltos a la zona chilena por policías peruanos.
Algunas mujeres se quejaban y demandaban al gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, que les pusiera un autobús para desplazarse hacia Venezuela. «Tenemos dinero para pagarlo», dijo una de ellas. Otras empujaban a policías peruanos para que les permitan entrar al vecino país.
«Vamos a actuar con la rapidez que requiere esta situación tan crítica que afecta a las personas que están varadas en la frontera», aseguró Espíndola, que ya había planteado la idea del corredor para sacar a las personas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia «y llevarlas directamente hasta Venezuela de manera voluntaria».
Entretanto, la Cancillería chilena «ha estado en contacto con Perú desde el primer momento», afirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá.
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, consultado por la decisión de Boluarte, declaró que «aumenta la presión» en la frontera y advirtió de «un problema humanitario importante» en la zona.
Añ;adió que la situación «requiere… también un tratamiento colectivo». Precisó que hay canales abiertos y que en los últimos días ha habido tres o cuatro largas videoconferencias con autoridades de alto nivel. No precisó con quiénes.
Indicó que el problema humanitario necesita de la asistencia de organizaciones internacionales con experiencia en esta materia, porque «estamos hablando de seres humanos y eso siempre hay que tomarlo en cuenta».
La salida de migrantes de Chile coincide con un instructivo de la Fiscalía Nacional del 10 de abril para que los fiscales pidan la detención preventiva de chilenos y extranjeros sorprendidos en delitos que no puedan acreditar su identidad.
Además, una comisión de diputados aprobó esta semana un proyecto que busca tipificar como delito la inmigración irregular y lo despachó a la sala. De aprobarse, pasaría a la tramitación del Senado. La iniciativa propone penas de cárcel que van de desde los 61 días a 541 días por el ingreso clandestino a Chile.
Fuente: AP
