La Cámara de Diputados de Chile aprobó por 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención, una resolución que solicita al presidente, José Antonio Kast, que ordene por decreto en todas las reparticiones públicas del país “el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria”, a saber, el llamado “lenguaje inclusivo”.

La iniciativa, propuesta por la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), sostiene que durante la administración de Gabriel Boric “se intentó imponer forzosamente el uso del lenguaje inclusivo en diferentes servicios públicos, particularmente en los establecimientos educacionales, ordenando por medio de circulares el empleo de un idioma especial para referirse a personas que se identifican con un género distinto o simplemente definen su posición al respecto”.

Y aunque desde el Partido Republicano (PR) celebraron la aprobación del proyecto, asegurando que “el Estado debe hablar el idioma de todos los chilenos, con claridad y sin ideologías”, desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), criticaron el documento calificándolo como una “pésima señal” para la libertad de expresión.

“Sin siquiera contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla”, fustigó Ramón Gómez, encargado del área de Derechos Humanos de dicho organismo, según consignó BioBíoChile.

En Chile no quieren más discriminación

De acuerdo al activista, “tememos el negativo impacto que esto puede tener en las personas históricamente discriminadas, en especial en las personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento requiere de un lenguaje inclusivo de manera de garantizar la no discriminación, tal y como lo exige la Ley Zamudio y lo ha planteado la jurisprudencia. Estaremos muy vigilantes a lo que ocurra y al uso que dará el Gobierno a esta petición parlamentaria”.