- Tras la desaparición de cuatro militares en una emboscada pandillera, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele desplegó tropas en Haití y destruyó la sede de la banda 400 Mawozo.
- La operación generó avances en la búsqueda de los efectivos y un llamado de Amnistía Internacional al respeto de los derechos humanos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el despliegue de un contingente superior a los 2.000 efectivos militares en Haití el pasado 28 de octubre. La acción responde al operativo de búsqueda de cuatro soldados salvadoreños pertenecientes a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes se encuentran desaparecidos desde el 18 de octubre tras ser emboscados por bandas armadas en las afueras de Puerto Príncipe mientras retornaban a su base.
Previo al envío masivo de tropas, el mandatario salvadoreño emitió un ultimátum a las organizaciones criminales haitianas a través de la red social X, exigiendo la liberación de los uniformados. Las fuerzas salvadoreñas iniciaron incursiones de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, focalizando sus esfuerzos en neutralizar estructuras como la banda 400 Mawozo, liderada por Joseph Wilson, alias “Lanmò San Jou”.
Bukele informa sobre el impacto en las estructuras de la banda 400 Mawozo
Como resultado de las incursiones, Bukele confirmó la destrucción del cuartel general del grupo criminal, conocido por el control de la zona de Croix-des-Bouquets y el paso fronterizo de Malpasse. Mediante una publicación en redes sociales escrita en criollo haitiano, el gobernante declaró: «Ahora, hemos cumplido nuestra promesa… Hemos destruido la “Casa de la Muerte 400” y el cuartel general de la banda de los 400 Mawozo».
La organización, señalada por la plataforma InSight Crime como un actor clave en secuestros y contrabando, se ha visto compelida a solicitar vías de diálogo con la ONU tras el incremento de las operaciones de seguridad.
En el marco de estas acciones en territorio haitiano, Amnistía Internacional se pronunció para solicitar el resguardo de las garantías fundamentales en las zonas intervenidas. La directora de la organización para las Américas, Ana Piquer, enfatizó la responsabilidad de las autoridades involucradas al señalar que tanto el primer ministro haitiano como el presidente salvadoreño «deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos».
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