Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Representantes de organizaciones proinmigrantes rechazaron este martes que el programa que concede visados humanitarios a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses suponga una carga económica para los estados receptores y argumentaron que, por el contrario, será una contribución para las arcas públicas.
El director en Florida de la organización American Business Immigration Coalition, el venezolano Samuel Vilchez Santiago, calificó de «solución de sentido común» el llamado «parole» humanitario en favor de los nacionales de esas cuatro naciones que la Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso en marcha a comienzos de enero.
«Este programa ofrece un camino para que los inmigrantes ingresen a la fuerza laboral», que es importante en medio de un contexto económico como el actual y en momentos en que en EE.UU. «escasea mano de obra en varios sectores», agregó Vilchez, uno de los participantes de una teleconferencia virtual organizada por el Venezuela American Caucus.
La directora ejecutiva de esta organización, Adelys Ferro, aludió a estudios que reflejan que «una gran cantidad de estos inmigrantes que logran estatus legal vienen a ocupar puestos de trabajo que están vacantes desde hace meses».
«Así que para los estados receptores, la ayuda desde el punto de vista económico va mucho más allá de pagar impuestos», añ;adió.
«Nuestra empresas necesitan urgentemente estos nuevos trabajadores. Económicamente, es lo mas sensato que se puede hacer», sostuvo Vilchez, quien dijo que hasta el momento unas 18.000 personas se han acogido a este programa, con los venezolanos como mayoría.
Estados Unidos anunció el pasado 5 de enero que aceptará a más de 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, expandiendo así un programa por el que desde octubre concede permisos humanitarios a venezolanos.
Para acogerse a este programa, que ha sido objeto de una demanda judicial entablada por fiscales generales de 20 estados republicanos, los solicitantes deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos llegar en avión y contar con un patrocinador en EE.UU. que pueda darles apoyo y sostén económico.
«Vemos con dolor cómo el programa se usa como arma política por líderes republicanos», se lamentó por su parte María Antonieta Díaz, presidenta de la Venezuelan American Alliance y patrocinadora junto con su esposo de unas 20 personas a través de este programa.
Señ;aló que desde su experiencia ha podido comprobar cómo «dar una oportunidad a una persona tiene una repercusión positiva e inmensa en familiares que se quedan en Venezuela, quienes se benefician de las remesas».
En el caso de Venezuela, país en el que «una profunda crisis humanitaria» ha ocasionado el éxodo de 7,1 millones de personas, una de las más grandes migraciones de nacionales de un país, Díaz resaltó que el programa ha reunificado familias y les ha brindado oportunidades de una mejor vida.
A su vez, la cubanoestadounidense Ana Sofía Peláez, cofundadora de la organización Miami Freedom Project, dijo que la demanda de los fiscales republicanos «solo va a contribuir con más caos y confusión a un proceso de por sí complejo».
Vilchez y Maureen Porras, concejal de la ciudad de Doral, que acoge una de las más grandes diásporas de venezolanos en EE.UU., aludieron a la reducción del número de inmigrantes irregulares que llegan de esos cuatro países, que bajó en enero en más del 90 % respecto a diciembre.
El programa «ha salvado vidas, ya que evita que las personas tomen un trayecto que puede resultar fatal», señ;aló Porras, también abogada de inmigración, aludiendo a las rutas que toman los migrantes para cruzar la frontera sur de Estado Unidos.
EFE
