LA PRENSA.- La expresidenta argentina Cristina Fernández, ha sido procesada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta por lo que se ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos argentinos (equivalentes a 625 millones de dólares). Los cargos fueron presentados por un juez de Argentina por supuestas irregularidades en la conseción de obras públicas en su mandato, siendo el primer paso para un proceso de investigación por corrupción.
El magistrado federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que «se encuentra acreditado» que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación «destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».
Con información de EFE y CNN
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