William Croes | LA PRENSA.- En un corto plazo se avizora un panorama sombrío para las universidades privadas de la entidad. Representantes de las tres casas de estudio denuncian que las duras sanciones impuestas por la Superintendencia de Precios Justos y las matrículas que son obligados a cobrar han incidido de manera negativa en la operatividad al punto de que pudieran entrar en un paro técnico.
Cada tres o seis meses, las casas de estudio privadas han ajustado sus tarifas a la comunidad estudiantil. Desde principios de año hasta la fecha han sido inspeccionados cada vez de manera más recurrente por inspectores populares de la Sundde que han frenados dichos incrementos y amenazado con la posibilidad de sancionar con hasta 50 mil unidades tributarias.
“Hemos sido supervisados 18 veces en lo que va de año, es más ya un acoso que otra cosa”, expresa Raúl París, representante de la Universidad Fermín Toro, quien señala que con la matrícula que cobran actualmente se les dificulta, en sobremanera, las reparaciones de los equipos de laboratorio, facilitar insumos de papelería y además honrar con los compromisos salariales decretados por el Presidente
Carlos Carucí, representante del Instituto Antonio José de Sucre, señala que la intervención de la Sundde en la regulación de los precios de las universidades vulnera el derecho a la educación, al trabajo y a la libre empresa.