Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- Como un órgano que «mutila» y «aplana» los derechos de los trabajadores de la administración pública es considerado por gremios y sindicatos la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), la cual se encarga del sistema del presupuesto público. Señalan que esta oficina transgrede diversos artículos de la Ley Orgánica del Trabajo, La Constitución y la Ley del Contrato Colectivo.
Dirigentes afirman que desde que este instructivo fue impuesto en el año 2018 siguiendo el memorándum 2792, progresivamente se han venido vulnerando cada vez más los derechos de los trabajadores, porque se hicieron nuevos cálculos sobre los pagos por sobretiempo, guardias, primas, bonos y demás beneficios que perjudican al trabajador.
«Ellos son los que cancelan a los trabajadores, es decir, las instituciones gubernamentales no tienen autonomía sobre los pagos de la nómina, sino que es el Ministerio de Finanzas que mediante la Onapre cancela, quedando los departamentos de nómina de las diversas áreas sólo como un gestor, porque no cancelan ni resuelven problemas», dijo Alberto Perozo, representante del Sindicato de Corpoelec.
Alberto Domínguez, del sindicato de los Seguros Sociales, catalogó la Onapre como el «brazo ejecutor de las políticas antiobreras del Gobierno», al señalar que hay un trato cruel contra los trabajadores.
«Es una guillotina que funciona por Ricardo Menéndez y el presidente de la República…Hay un acto cruel donde el pueblo es la víctima, y donde vemos que lamentablemente está también la Contraloría, la Inspectoría e incluso la OIT, pues todos los documentos que han sido introducidos a estos organismos no los responden», aseguró.
Lo rechazan
Ayer, miembros de la coalición sindical de trabajadores públicos de la educación protestaron frente a la Gobernación de Lara para exigir la derogación de la Onapre, además de solicitar la cancelación de las deudas. El instructivo Onapre ha sido rechazado por todos los sectores públicos. Esta manifestación fue replicada a nivel nacional, allí también exigieron el pago por concepto de bono vacacional que debió haberse efectuado hace 15 días que finalizaron las actividades académicas. Ante la falta de pago, el magisterio aseguró que no volverían a las aulas de clases.