Ágatha Reyes | LA PRENSA de Lara.-& ;»Prácticas de control partidista son violatorias a los derechos humanos«, la aseveración corresponde al sociólogo Nelson Freitez, quien asegura que desde que llegó Nicolás Maduro al poder, el control social ha aumentado de forma drástica.,
Precisa que el uso del carnet de la patria es para controlar beneficios que el gobierno debe garantizarle a la población y esto confirma que el oficialismo «solo busca una ciudadanía dependiente, paternalista y sumisa para ellos permanecer en el poder».
Desde la entrega de medicinas, bolsas de alimentación hasta programas de vivienda, son controlados por el gobierno oficialista que ha llevado a que el carnet de la patria se convierta en un segundo documento de identidad, pero que identifique a la ciudadanía con una línea política.
«No se puede tener ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, no puede darse beneficio solo a quien es afín a una parcialidad política y denigrar a quien no lo sea» afirme el sociólogo.
Freitez explica que Venezuela se ha convertido en un país en «rojo» en cuanto a derechos se refiere, por lo que considera que los casos de violaciones deben seguir documentándose y ser llevados a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que se apliquen las sanciones pertinentes.
«Que se tenga a una población castigada de forma permanente debe ser motivo suficiente para la conformación de un expediente que sea llevado a instancias internacionales, porque lamentablemente aquí no hay estado de derecho» dice.
Los más afectados
Aunque la población en general sufre por el control político, el sociólogo dice que pacientes con patologías crónicas son los más afectados. Esto ocurre por las limitaciones para acceder a tratamientos médicos en e país, que también son controlados por el gobierno a través del carnet de la patria con el plan 0-800 SALUDYA.
Esta dificultad de acceso también ha generado que pacientes renales tengan que migrar a otras latitudes para poder cumplir los tratamientos que en Venezuela escasean o son cotizados en dólares limitando su adquisición.
«Es indignante lo que ocurre en Venezuela. No hay seguridad en ningún área, no hay acceso a la educación, ni a centros de salud que garanticen o den tranquilidad a niños, jóvenes y adultos».