Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- La carpeta con el pliego de peticiones de trabajadores del sector público se sigue abultando y hasta perdieron la cuenta de todas las veces que han insistido con denuncias ante la Inspectoría del Trabajo. Sindicatos insisten que se retrasa la atención con casos a más de 4 años en espera, mientras que en el sector privado los trámites son agilizados. Lamentan que se aprecie una especie de «nuevo modelo de dictadura«, mientras los afectados se desgastan y corren el riesgo de desistir en la lucha por la reivindicación de condiciones laborales, libertad de sindicatos y retomar nueva contratación colectiva.
En medio del descontento, los trabajadores públicos alzan su voz y siguen resistentes ante la indiferencia del ente para canalizar sus denuncias o exigencias. Una tregua que pretenden quedarse en nulo, cuando no se tienen respuestas y en casos de la atención para reenganches, suelen citarlos en 4 meses. No saben de inmediatez, ni de la cadena de dificultades arrastrada por ese trabajador que debería «ingeniárselas» para sobrevivir en ese tiempo y de ser comprobada su ocupación provisional en algún otro sitio, pues estaría frente al riesgo de perder la mínima consideración en la agilización del caso.
Tal desesperación los llevó a la unificación de criterios, considerando ese principio de que «en la unión está la fuerza», y desde allí darse ánimos desde la coalición que reúne a los sindicatos de diversos sectores, principalmente en salud, educación, administración pública y otros que se ven forzados a procurar la atención desde dependencias de enlaces como alcaldía, gobernación, contraloría regional, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público. No saben de fronteras, por lo que algunos casos son conocidos por instancias, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El derecho laboral está devastado, desde que se pisotea el salario. Así lo expresa Jacobo Mármol, abogado experto en la materia, frente a ese eco demostrando la disposición de atender determinados que involucran al sector privado, mientras el sector público debe aguantarse el silencio institucional. «Se sabe de la corrupción y de esas maniobras para mover cualquier expediente, que incluso hasta obliga a buscar respuestas desde los caminos irregulares», rezonga y admira a quienes se mantienen de pie por la reconsideración de medidas que terminan atentando hasta con la dignidad humana.
Su experiencia acompañando a los sectores más afectados, tales como educación, salud y construcción; lo lleva a considerar la pretensión del cambio del concepto de esclavitud. Lo recuerda desde ese concepto de raíz, donde el amo aseguraba la alimentación y que en la actualidad el poco personal activo y de pie por el valor de su mística, debe enfrentarse al sueldo base que no llega a $2 mensual pero debería estar a $4 diario y una bonificación sin incidencia en las prestaciones sociales, aguinaldos ni vacaciones.
Desde una representación del sector sanitario, Alberto Domínguez, titular del sindicato del Seguro Social, confirma que en los últimos 6 años se mantienen erguidos, con un respaldo que empezó contando con los gremios desde Colegio de Médicos y de Enfermería, para continuar sumando a sindicatos de educación y luego el resto que se concretó formalmente desde el movimiento de coalición.
«No es posible que se viole la norma legal, cuando el ente competente debería dar respuesta en un lapso de 3 días y uno debe montar presión desde la difusión ante la OIT, además de considerar que sea conocido por la OEA», precisa Domínguez, ante la violación a la conformación de sindicatos y a cuyos miembros no se les permite ni el acceso a las dependencias, los sueldos en un tabulador lineal y el aliento desde el bono sin mayor impacto, porque hasta la sumatoria del aporte para alimentación y transporte, apenas acumula Bs 46. Una realidad en la que se atrapa a una nómina de alrededor de 1.500 trabajadores.
La queja es más extendida desde el Sindicato de Empleados del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), cuando su secretario, Omar Agüero, reitera ese «caso omiso» que se aprecia desde las últimas cuatro gestiones y que sólo tuvo un «debut y despedida» con una reunión con Carmen Meléndez, pero sin agilizar en casos. «Es un silencio que borra la ley del proceso administrativo y hasta la Constitución», refiere de esa necesidad de acudir a una medida de amparo, luego de que interpusieron la queja ante la jurisdicción contencioso administrativa de Lara.
Esta semana seguirán en conversaciones, al conocer del crédito adicional que permitirá pagar parte de la deuda con Caja de Ahorros, debido a la modalidad de cancelación desde el monedero Patria. Según Agüero, las condiciones laborales denunciadas son la principal causa del abandono del personal que pueda acercarse al 50% de una nómina que estuvo en alrededor de 35 mil empleados y apenas se acerque a 18 mil en la actualidad, donde sólo 6.038 pertenecen al sanitario estatal.
Hasta la Fiscalía Superior regional y máxima representación del Ministerio Público, Orlando Chirinos, presidente de la Federación de Trabajadores del Cemento (Fetracemento), señala que han entregado sus denuncias frente al silencio institucional desde la Inspectoría del Trabajo. «Es un grado sin defensa, que engavetan los procedimientos y limitan coartar el alcance de los sindicatos», se queja de ese momento por el que atraviesan 600 trabajadores, de alrededor de 750 que se tenían antes de la pandemia por covid-19.
Una consecuencia del descenso de beneficios en salario, alimentación y transporte, de todo un pliego que los directivos puedan llevar a discusión, bajo la premisa de que «si no se produce, no se cumple». Una regla que indirectamente deja en total abandono al personal, por lo limitado de la capacidad de producción.
Sin mirar atrás
Son muchas las irregularidades, pero Oswaldo Méndez alza su grito desde el sindicato de Corpoelec, para recordar que tienen a 140 trabajadores afectados desde 2020 con el bloqueo de salario y que en las últimas semanas registraron 80, de los cuales 15 han sido escuchados, pero con citas entre febrero y marzo de 2022 para el posible reenganche. «Es un retardo que olvida la manera de subsistir del trabajador en este tiempo», rezongó de una práctica que asumen como atropello del proceso administrativo entre esa masa de alrededor 800 trabajadores, incluyendo a los 250 de ingreso sin el debido perfil profesional.
Al abordar en el plano educativo, Luis Arroyo, titular de Colegio de Profesores de Lara, resalta que se debían retomar las mesas de diálogo por mejoras de condiciones laborales y respeto a la convención colectiva, pero no contaron con la presencia de la autoridad regional y jefe de la Zona Educativa. «Del pliego conciliatorio, pasamos a conflictivo, por tribunales laborales y de ser preciso penales. Además de seguir insistiendo en la Defensoría del Pueblo», señaló.
Se sienten atrapados en una situación que ya traía deficiencias, pero comienza a complicarse con las actas que señalan alrededor de 50 planteles con personal o alumnos sospechosos, mientras se podrían superar los 20 casos comprobados positivos por covid-19. «Es delicado frente a instituciones con entre 2 a 5 casos», confirma en la mayoría de públicos y con incidencia en Morán.
Frente al silencio, los sindicatos optan por seguir elevando la voz de protesta, sin cansancio.
Desde organismos sin filtros políticos
Entre las principales piedras de tranca que percibe desde organismos, como la Inspectoría del Trabajo, el abogado Jacobo Mármol, expone el riesgo de ser instancias politizadas y envueltas en una posible trama de corrupción. Lo asume como una medida que no dejará en evidencia ciertos atropellos, que deberían ser corregidos en la gerencia de la administración pública.
«El Estado procura detener los reclamos desde los sindicatos del sector público porque no le conviene», asegura de una práctica de indiferencia que deja al descubierto violaciones de debidos procesos y terminan hasta atentando contra la dignidad de profesionales y demás mano de obra.
Cita entre los ejemplos de perseverancia al sector salud, buscando mantener activa su voz de protesta. «Pero juegan a ese desgaste laboral y político, al punto de que los afectados terminen decepcionados», lamenta del riesgo de la resignación que pueda verse en cierto desánimo para participar en concentraciones de calle, tanto por miedo a levantar expedientes administrativos o sentir que ni siquiera con la difusión pública podrían agilizar las respuestas en una radiografía de problemas.
La presión puede ser al punto, de tomar la decisión de abandonar el puesto de trabajo y perdiendo una carrera profesional, que más allá de currículo, representa el sentido de pertenencia y mística por seguir dando lo mejor de sí, frente a directivos que puedan estar en paralelo con las necesidades del recurso humano.
Al desgaste, Mármol le suma la imperiosa necesidad del trabajador por llevar el sustento a casa, tanto cuando se trata de bloqueos de salarios o de un tabulador lineal que ni siquiera supera los $60 en profesionales de antigüedad y con el máximo nivel de preparación académica.
Una guerra diaria que valora desde los venezolanos y que se tiene del otro lado al esfuerzo del sector privado, intentando sostenerse con la pulverización del salario, que conlleva a preferir los arreglos informales, de acuerdo a las necesidades de su nómina y las posibilidades por la capacidad de producción.