Como una manera de control del Estado, así lo define Laura Louza, directora fundadora de la organización Acceso a la Justicia.
Guiomar López I LA PRENSA DE LARA.-& ;A más de 20 días de la publicación de la Gaceta 42.813 que regula el servicio de delivery y los refiere al servicio postal, Ipostel, estos trabajadores desconocen cómo será su habilitación y temen la posible reducción de personal ante los costos que implique para las pequeñas y medianas empresas. Especialistas lo asumen como una manera de mayor control del Estado para recaudación tributaria y determinar aquellos establecimientos en la informalidad, así como atentar contra emprendimientos.
Como una manera de control del Estado, así lo define Laura Louza, directora fundadora de la organización Acceso a la Justicia, «porque limita la libertad económica y de circulación en un campo donde no está justificado». Recalca que no se trata de un servicio público y «es una intervención con el objetivo monetario, así como saber cuáles empresas quedaron en la informalidad por las condiciones en el país».
Precisa que se tienen emprendimientos sin tienda formal. «El problema es que ha sido un escape a toda la crisis del país y a los altos costos», explica que es una manera para sobrevivir a la situación.
Para Pedro Díaz Rojas, especialista tributario, se fijaron tres objetivos, empezando por la escasa regulación tributaria en el comercio electrónico, recaudar fondos directos a Ipostel y poner orden a la proliferación de motocicletas que deben cumplir con todas las regulaciones y demás responsabilidades del establecimiento.
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