Jose Miguel Najul | LA PRENSA.- La descomposición moral se ha esparcido en todas las estructuras del poder del Estado que, para sostener un régimen popularmente minoritario, deciden confabularse en contra de uno de los derechos fundamentales de los venezolanos, y de cualquier ser humano: el voto.
Lo señala Enrique Romero, presidente del Colegio de Abogados del Estado Lara (CAEL), quien asegura que el Gobierno ha provocado que las instituciones se constituyan en “el vehículo para la negación de la democracia”.
Romero, quien se sumó al acto de rebeldía que emprendieron todos los colegios de juristas junto a la Federación de Abogados en contra de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es frontal en sus declaraciones, y asegura que las últimas decisiones en contra del referéndum revocatorio son “el reconocimiento expreso de la utilización del sistema de justicia para la violación de los derechos de los ciudadanos”.
Es por eso que, considera, a estas alturas que, “la lucha que debe dar la oposición venezolana ha trascendido el plano jurídico, y debe enfocarse en la dimensión política”.
Para ello, Romero apunta que más que la activación de los mecanismos de “desobediencia civil” que algunos dirigentes esbozan desde el artículo 350 de la Constitución, deben utilizar la protesta pacífica, pero sistemática y contundente, para generar la presión popular necesaria para promover un cambio y el restablecimiento del Estado de derecho.
¿Por qué dice que hay una componenda de poderes que niega la democracia?
Porque es evidente que hay una componenda entre el poder Ejecutivo, el TSJ, el CNE y estos jueces de tribunales regionales que, lamentablemente, apartándose del juramento de defender la verdad, se convirtieron en el vehículo para la negación de la democracia.
¿Con qué bases lo dice?
Porque un elemento constitutivo de la verdadera democracia es la posibilidad de expresarse, de votar, manifestándose a través de los canales regulares.
¿No se sabía de antemano que podía morir el revocatorio por esta vía?
No a esta magnitud. Además, es evidente la crisis judicial al ver que las cinco decisiones fueron dictadas casi simultáneamente, en el mismo orden y las decisiones tomadas en los mismos términos.
¿Y eso qué significa?
Es sinónimo de una confabulación para negar el derecho básico, que es el de expresarse. El Gobierno tiene pavor de enfrentarse al arma más efectiva que tiene el ciudadano: el voto. No a las armas que ellos alzaron en el 92, en contra de miles de venezolanos asesinados. En esta oportunidad el clamor era el de expresarse, para darle paso a una salida democrática, pacífica y constitucional.
¿Es raro que estos cinco tribunales se hayan pronunciado simultáneamente sobre una misma materia?
Por supuesto que lo es. Obviamente eso aclara mucho el panorama. Es el reconocimiento expreso de la utilización del sistema de justicia para la violación de los derechos de los ciudadanos. No es casual que cinco tribunales del país, a coro, estén torpedeando un proceso para el que la ciudadanía se preparaba con fe y entusiasmo, de manera pacífica.
¿Por qué dice que el venezolano aún tiene la capacidad de elegir?
Frente a este abuso y bofetada que estos pseudojueces le hacen a la sociedad venezolana, la población puede decidir qué va a hacer: si quedarse apoltronado, observando la situación desde la televisión, o definitivamente salir a protestar enérgica y cívicamente en contra de los abusos y la negación de expresarse a través del voto popular.
Jurídicamente, ¿hay alguna respuesta efectiva?
Tristemente este problema rebasó lo jurídico.
¿A qué se refiere?
A que aspirábamos que quedara una reserva en el sistema de justicia que pudiera frenar estos abusas, pero no es así. Poco importa el respeto verdadero a la Constitución y las leyes y las medidas que la oposición pueda tomar desde ahí. Por eso digo que es un problema político, no jurídico.
¿Cómo ve que sean tribunales penales los que se utilicen para esta decisión?
Están tratando guardar una supuesta apariencia de legalidad, que no es tal. Como se trata de un supuesto fraude, que a su vez el CNE ya había manifestado que eran suficientes las firmas. Quieren buscar una apariencia de legalidad y justicia. Intentan una querella de fraude que no pueden presentar ante un tribunal civil o administrativo.
¿Por qué no podrían haber ido a estos tribunales?
Porque se trataría de un delito penal, y le correspondería a esa jurisdicción. Pero el juez penal no tiene facultad para dictar esa medida cautelar prohibiendo la posibilidad de que se ejerza un derecho humano de la población.
Se deja entrever en el mensaje del CNE que, con una decisión del TSJ, la suspensión indefinida del revocatorio podría revertirse, ¿es posible?
Siempre es posible, en este juego peligroso y maquiavélico, al que está jugando el TSJ y el Gobierno, que se dicten este tipo de decisiones. Pero dependerá de varios factores.
¿Qué factores son esos?
De la capacidad de respuesta y de presión que demuestre la gente. Por eso digo que no nos han quitado el derecho a elegir. La gente puede quedarse en la casa o salir a la calle y reclamar en contra de esta situación.
¿Qué impacto tendría el pronunciamiento de tribunales e instancias jurídicas de nivel internacional sobre esta decisión?
Siempre es interesante la participación de la comunidad internacional, porque no pueden voltear la cara ante un país en el que las actuaciones de sus instituciones no se fundamenten en principios democráticos.