Jenifer Orozco | LA PRENSA.- Han pasado más de 60 días de protestas de calle ininterrumpidos. Las razones que dan lo manifestantes para mantenerse firmes con su descontento son muchas, entre ellas las crisis económica y social que atraviesa el país, lo que se fortalece con cada orden o mandato que da el Gobierno Nacional, tratando de frenar esta situación.
Así lo asegura Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador general de Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien ejerce este cargo para el período 2015-2019 y tiene 10 años perteneciendo a la organización en defensa de los derechos humanos de los venezolanos.
Uzcátegui suma muchos años analizando el país, algo que hasta lo ha llevado a estar detenido por su lucha, como en marzo del 2010 cuando participó en una manifestación contra la criminalización de la protesta en Maracay estado Aragua, lo cual señala que es dictatorial y es una muestra de que el Gobierno actual viola los derechos personales.
El sociólogo, quien además es publicista graduado en la Universidad Central de Venezuela, señala que entre el aumento de la represión en el país y las órdenes que ha dado el presidente en cadena nacional, han llevado a que más personas salgan a la calle y que las manifestaciones se hayan tornado más fuertes los últimos días.
Según su visión, los manifestantes no abandonarán la calle, ni siquiera con el anuncio de elecciones, sino con la salida del presidente, que se puede lograr a través de la protesta pacífica.
¿La constituyente es un estímulo para salir a protestar o una salida que propone el gobierno?
-Creemos que el gobierno lo que intenta, con la estrategia de la constituyente, es estimular que la respuesta de la gente sea violenta y de manera masiva, que la gente se desespere, que piense que esta es una ofensiva que el gobierno va a ganar, y no va a ser así. Este movimiento de protesta masivo y pacífico va a tener el mismo resultado que se obtuvo en Perú contra Fujimori en el año 2000 que a pesar de haber ganado con votos, impuso una dictadura y fue obligado a renunciar a su cargo.
¿Por qué en Venezuela se cuestiona que no hay democracia?, ¿cuándo dejó de ser democracia?
-En Venezuela pasó algo en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 que fue, para el gobierno, una alarma. Obtener 2 millones de votos menos que la oposición, por primera vez, hizo que el gobierno se viera como minoría electoral y el gobierno se diera cuenta que esta tendencia era irreversible a corto plazo, así que propusieron un modelo de gobierno que pudiera prescindir del apoyo y de la consulta popular.
¿Cuáles fueron los pasos para romper el hilo constitucional que llevó a esta situación en la que estamos en la actualidad?
-Primero propusieron el decreto de emergencia económica y del estado de excepción en mayo de 2016, que le da facultades ilimitadas y arbitrarias al presidente de la República. El segundo hito se cumplió cuando el CNE dijo, como ya el gobierno no puede garantizar tener la victoria de las elecciones, me voy a dejar de comportar como lo había hecho, es decir, en diciembre de 2015 tuvo un comportamiento técnico, es decir lo que la gente votó fue lo que se reflejó. A partir de allí el CNE dijo, yo voy a suspender la posibilidad de que la gente participe en un referendo revocatorio de manera arbitraria e ilegal y también decidió suspender de manera indefinida unas elecciones a gobernador que eran para diciembre de 2016.
Ya van dos meses de protesta en la calle y el gobierno ha aumentado la represión ¿cómo interpretar el aumento de la represión por parte de los órganos de seguridad?
-El actuar de una dictadura con una población que pide democracia es la represión pues con el aumento de la crueldad intenta que la gente deje de protestar y no lo está logrando y no lo va a lograr porque la experiencia de América Latina dice que cuando hay razones para protestar la gente no va a dejar de hacerlo a pesar de la represión.
¿Qué determina que la represión pueda ser dictatorial?
-Lo hacen los patrones sistemáticos de represión y la violación de los derechos humanos. El gobierno siempre dice que actuaciones son aisladas, pero son patrones sistemáticos, porque se repiten en diferentes momentos y diferentes ciudades lo que sugiere que hay órdenes superiores para que los funcionarios actúen de esa manera. Cuando un estado es calificado como violador sistemático a nivel internacional es un estado que tiene una mayor gravedad en la violación de derechos humanos.
¿Qué derechos humanos han sido violados estos dos meses?
-Ya hay algunas situaciones que habían sido denunciadas en el 2014, pero que ahorita se han profundizado. Por ejemplo, el disparo de bombas lacrimógenas como proyectiles para causar el mayor daño posible y ahorita se ha convertido en un patrón sistemático. El disparo de perdigones a corta distancia y el uso de metras y balines de metal que apareció este año. Este método hace más difícil reconocer las responsabilidades de la agresión, porque si tú disparas una bala es más identificable de donde salió por Cavim, pero cuando utilizas estos dispositivos para agredir es mucho más complicado.
¿La actuación de grupos paramilitares armados se puede contar como una violación a los derechos humanos?
-Los grupos civiles armados, que ahora están legitimados por el Plan Zamora tienen un marco jurídico que legaliza la actuación de estos grupos paramilitares en estos planes de seguridad ciudadana. Otra violación son los allanamientos masivos sin orden judicial y a esto lo acompaña el hurto y robo a viviendas y a detenidos.
¿El Gobierno también ha usado la intimidación?
-Si la ha usado.
¿Mediante qué método?
-El uso de tribunales militares para juzgar civiles, que tiene como objetivo la intimidación y aumentar los niveles punitivos contra los manifestantes y sacar al Ministerio Publico del proceso penal. Otra es el uso de las redes sociales para intimidar y hostigar a los manifestantes. En Caracas publican fotos de manifestantes que luego son exhibidas en las redes sociales acusándolos de terroristas y publicando su dirección y teléfonos.
¿Cuándo se podría hablar de guerra en Venezuela?
-Cuando exista una orden de que los funcionarios militares y policiales salgan a exterminar a todos los que están en la calle a asesinar. Por ejemplo aunque el gobierno ha hablado de decretar el estado de conmoción y suspender las garantías constitucionales, no lo han hecho porque saben que eso va a escalar a nivel internacional el conflicto venezolano llevándolo a una nueva dimensión, como la suspensión definitiva de las libertades individuales, muchas de ellas están en riesgo. En Venezuela estamos en dictadura como Provea la ha calificado, pero una dictadura moderna que cuida las formalidades democráticas o cuida la forma, es por eso que aunque ha amenaza a las organizaciones de derechos humanos y amenazas a los periodistas, todavía podemos seguir trabajando.
¿Cómo ha sido el comportamiento del gobierno ante las investigaciones de los fallecidos?
-Yo creo que hay que seguir reivindicando el papel de la fiscal, pues sigue llevando la titularidad de la acción penal, así que dentro de cualquier cifra de personas fallecidas, dentro de las causas porque esas personas han fallecido, la mayor veracidad hay que dársela a los reportes del Ministerio Público, el gobierno está intentando imponer otras versiones, pero quien hace las imputaciones después de un proceso de investigación es el Ministerio Público, así que hay que defender la institucionalidad del Ministerio Público igual que estamos defendiendo la Asamblea Nacional, por el importante papel que está realizando ahora.