Reyes/Orozco | LA PRENSA de Lara.- La letalidad y las violaciones al derecho a la vida denunciada por diversas ONG en el país y familiares de las víctimas contra las actuaciones de los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) encendió la alerta roja cuando la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, confirmó que este cuerpo de seguridad debía ser disuelto.
«De cada 10 asesinatos en agosto de 2018, seis fueron por las FAES«, precisó Carlos Meléndez, representante del OVV capítulo Lara, cuando detalló la huella que ha marcado este cuerpo perteneciente a la PNB. Agregó que desde enero hasta mayo de 2019 el Gobierno nacional admitió que los funcionarios a su cargo habían matado a 1569 personas, mientras que la ONG a la que él pertenece en el país contabilizó 2124; es decir, 555 fallecidos más.
Señala el caso de El Tocuyo. El 25 de enero fueron asesinadas cinco personas luego de haber participado en una manifestación antigubernamental, casos que llegaron a la Asamblea Nacional, pues familiares de las víctimas aseguraron que fueron sacados de forma arbitraria de sus viviendas y luego aparecieron sin vida.
Y es que en Lara se registraron 98 muertes en manos de las FAES durante el 2018, todas bajo la figura de «enfrentamientos«, y a la fecha la cifra sube a 216 que, según el sociólogo Nelson Fréitez, pueden ser catalogados como «ejecuciones extrajudiciales«. «Ellos tienen armas largas, vehículos de doble tracción, llegan encapuchados. ¿Quién se resiste? Es decir, hay 216 jóvenes de los barrios más pobres que han sido víctimas de este cuerpo y no ha existido un fiscal que investigue».
De estas 216 muertes que señala Fréitez, hay al menos 13 denuncias públicas de familiares en medios de comunicación y en fiscalía al menos 60 que señalan un patrón de actuación que se confirma en el informe de la ONU.
Los familiares señalan que las víctimas, señaladas como presuntos delincuentes, son sacadas de sus viviendas a la medianoche o de madrugada por funcionarios que se identifican como FAES y llegan vestidos de negro, encapuchados y con armas largas en carros sin placas.
Estos, luego de sacar a las víctimas, sacan también a la familia. «Extraen artículos y enseres del hogar» y les dicen a los familiares que se lo llevan en calidad de detenido, pero cuando los afectados llegan hasta la sede de las FAES no están las víctimas. Las familias que han denunciado dicen que se enteran al siguiente día que fueron abatidos y deben reconocerlos en la morgue del Hospital Central.
Algunos de ellos, como el familiar de alias «Neiker», quien fue presuntamente abatido el primero de octubre de 2016, aseguran que murieron lejos de sus casas. Estos familiares han reunido lo que ellos califican como pruebas para colocar las denuncias ante la Fiscalía 21 de Derechos Fundamentales, pero algunos señalan que los informes han sido «engavetados».
Las FAES tienen más denuncias por «abuso de fuerza policial» en comparación a otros cuerpos, en los que públicamente se han presentado dos querellas similares por enfrentamientos con el Cicpc con el mismo patrón y uno de Polilara, que es el de un joven que fue detenido y salvajemente golpeado por funcionarios de la Policía del estado, quedando postrado en cama.