María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.- De acuerdo a la Ley de Prevención, Seguridad, Convivencia y Ciudadana del estado Lara, las personas que la incumplan deben cancelar 10.000 Unidades Tributarias (UT) o con servicio comunitario, lo que se traduce en 718 dólares por fiestas y reuniones que molesten a vecinos, siendo una de las más comunes en Iribarren al igual que la contaminación sónica.
Según la información otorgada por la Coordinación del Área de Denuncia de la Prefectura de Iribarren, en todo lo que va de añ;o han recibido 546 casos de incumplimiento de la Ley de Prevención, Seguridad, Convivencia y Ciudadana, estando en la lista contaminación sónica, fiestas y reuniones, además de ingesta de bebidas alcohólicas en lugares públicos, cuyos casos tienen sanciones bien sean a través del pago de Unidades Tributarias o con servicio comunitario.
La ley establece que quien incumpla la convivencia de los vecinos será sancionado por la Jefatura Civil, cuyos casos ya han sido canalizados por la prefectura y de no llegar a un acuerdo o conciliar entre las partes deben cancelar un monto. En el caso de irrespetar la tranquilidad en una comunidad con una fiesta o una reunión deben cancelar 10.000 Unidades Tributarias ancladas a Bs. 0.40, que sacando el cálculo da Bs. 4.000 o 718 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela del día domingo en Bs. 5.57.
En el caso de contaminación sónica que es una de las más frecuentes deben cancelar 2.500 Unidades Tributarias, lo que es igual a Bs. 1.000 o 179 dólares. Cuando se habla de la ingesta de bebidas alcohólicas en lugares públicos la sanción es de 2.200 Unidades Tributarias, siendo Bs. 880 o 157 dólares. En cuanto a hacer necesidades fisiológicas en la calle son 1.500 Unidades Tributarias, lo que pasa a ser Bs. 600 o 107 dólares.
Desde la Coordinación del Área de Denuncia, aseguran que también se pueden sumar varias faltas y cancelar el equivalente a las dos o incluso se pueden agregar más, dependiendo de la situación. Quien no tenga deberá pagar con dos horas diarias de servicio comunitarios en 20 días o más en instituciones públicas.
