José Najul | LA PRENSA.- A causa de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que obliga a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a recoger el 20 % de voluntades del Registro Electoral Permanente (REP), la oposición de Lara deberá concretar la manifestación de 249 mil 972 electores a favor del referéndum revocatorio. La meta, cuyos riesgos de incumplimiento son mayores en otros estados, se traza entre críticas y denuncias, que califican la medida como “contraconstitucional”.
El abogado Jesús Alberto Jiménez Peraza, destacado jurista de la entidad, califica de “ilegal” la decisión que se basa en el desconocimiento del artículo 72 de la Constitución, en el que se especifica que la circunscripción que hace la convocatoria debe ser la misma en la que se midió el funcionario a revocar.
Jiménez Peraza indica que, como Nicolás Maduro fue electo por toda Venezuela, el circuito está compuesto por todo el país y no por la sumatoria del conjunto de cada una de las regiones. Explica que la elasticidad de la interpretación en el artículo 72 no es intrínseca, sino que fue brindada por el reglamento sobre el referéndum revocatorio emitido por primera vez en el 2003, y modificado en el 2007.
El Gobierno dejó abierta la posibilidad de interpretación, para luego poder hacerla a conveniencia: endurecer las condiciones en caso de que sea un cargo que no desee que se revoque, como el de presidente, y ablandarlas en caso de que lo necesiten para deshacerse de un gobernador o alcalde, si lo desean”, añade el jurista.
En el plano político, Daniel Orellana, coordinador regional de Voluntad Popular (VP), sostiene que: “Desde la oposición estábamos conscientes de que esta medida era una posibilidad”. Señala que la lucha por el proceso refrendario se hará, independientemente de si se cumple o no, en los 23 estados y la capital de la nación.
Que luego de eso, el Gobierno desee desconocer el resultado, sería un golpe claro a la Constitución. Es el momento en el que debemos trascender en nuestra lucha y abrazar el artículo 350 de la Carta Magna”, apunta Orellana, refiriéndose a la latente convocatoria a la desobediencia civil.
Aún así, en Lara las estructuras partidistas, aglutinadas en la Mesa de la Unidad, se preparan para la tarea de la movilización. Constantino Montesinos de Copei detalla que contarán con 6 mil 900 activistas que componen las unidades básicas las máquinas.
No obstante, existe el temor de que el incumplimiento en estados de vocación rural, como Apure y Yaracuy, o en aquellos en donde el chavismo tiene un control absoluto de las estructuras de poder, como Delta Amacuro, puedan aplicarse tretas que impidan la recolección.