Redacción | LA PRENSA DE LARA.-& ;»El 91% de los casos de asesinatos durante las protestas gubernamentales del período 2013 2019 en el país no han tenido respuestas y las investigaciones solo han quedado en eso, investigaciones». La aseveración corresponde al abogado y defensor de los Derechos Humanos en Venezuela, Manuel Virgüez,& ;quien precisa que hasta la fecha los familiares de las victimas aún no han recibido respuestas sobre los casos de los fallecidos.& ; & ;
El también presidente de la ONG Movimiento Vinotinto indicó que tantos las ONG que hacen vida en Lara y a nivel nacional, más los familiares de los caídos exigen al fiscal general Tarek William Saab se realice una investigación exhaustiva de los casos «lo emplazamos para que determine junto a familiares de las víctimas y reconozca los casos», dijo durante una rueda de prensa desde la sede de la ONG.
Aseguró que son casi 300 venezolanos que fallecieron presuntamente en manos de funcionarios del orden público, y a pesar de las pruebas recolectadas estos aún no han sido procesados.& ;
«Exigimos que establezca un horario para atender a los familiares de las víctimas. Además pedimos que se instale una comisión de la Corte Penal en el país, tomando en cuenta que otras organizaciones lo han hecho antes», precisó.& ;& ;
& ;Casos
Luis Hernández Sosa, padre de Manuel Sosa, fallecido en las protestas antigubernamentales del 2017, denunció que tras cuatro años de la muerte de su hijo la fiscalía no ha adelantado en las investigaciones. «La fiscalía muestra negligencia e inacción en casos de fallecidos. En Venezuela no ha existido justicia para víctimas de la represión», denunció.
Asegura que no tienen temor a denunciar pues considera que están realizando un trabajo donde no solo ellos lograran justicia, sino que servirá de precedente para otros venezolanos que no se han animado a denunciar.& ;
«Hay que mantenernos latentes en esta situación, de esta manera los entes gubernamentales, funcionarios policiales, se sienten más retraídos de volver actuar de manera violenta», dijo Sosa.& ;
Además aseguró que hoy en día son muchas las familias venezolanas que están desmembradas.
En la rueda de prensa también se encontraba Yanet Hernández, madre de joven con discapacidad herido el 10 de abril y quien falleció tras una infección en la herida ante la falta de medicamentos en el centro asistencial donde permanecía recluido.& ;
«No tenemos miedo porque estamos diciendo la verdad», denunció al lamentar la falta de claridad y acción en los casos.& ;
Quieren engañar a la corte
En la transmisión vía Zoom, los padres de Juan Pernalete, denunciaron que en Venezuela se pretende mantener la impunidad en los casos.& ;
Sus declaraciones surgen tras el anuncio del fiscal general Tarek William Saab sobre la acusación a 12 agentes militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por la muerte del joven estudiante impactado por una bomba lacrimógena durante la dispersión de una protesta contra el gobierno en 2017.
El fiscal general, Tarek Saab, que envió a la Corte Penal Internacional (CPI) un tercer documento sobre las acciones de su despacho ante las violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad y ofreció detalles del caso de Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, quien murió durante los tres meses de manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron un centenar de fallecidos aquel año.& ;
«El fiscal pretende mantener la impunidad, el caso de Juan Pablo Pernalete no es un hecho aislado, aquí hubo represión a manifestaciones en un plan llamado «Zamora», donde jóvenes venezolanos fueron ejecutados», dijo José Gregorio Pernalete.& ;& ;
A su juicio tras la acción de la fiscalía el gobierno nacional «quieren engañar al mundo diciendo que Venezuela es capaz de investigar sin intervención de organismos internacionales, pero nosotros exigimos saber si en esos informes incluyen no solo a Pernalete sino a los más de 160 jóvenes asesinados y cuál es su estado actual.