Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- En Lara la sociedad civil quiso seguir el «ejemplo que Yaracuy dio» el fin de semana, pero las convocatorias para exigir servicios públicos como gasolina, agua potable, electricidad y gas doméstico pautadas a través de redes sociales ayer, fueron amedrentadas por la desmedida presencia de funcionarios del seguridad del Estado.
Algunos ciudadanos lograron vencer el miedo y con pancartas y banderas denunciaron las precarias condiciones de vida. Las concentraciones se lograron dar en las avenida Lara con Leones, también en la avenida Libertador a la altura de La Botella, en la avenida Ribereña con calle 47, en el kilómetro 20 vía Quíbor y en la avenida 14 de Febrero en la plaza El Néctar de Carora.
«¡Nos están matando lentamente!. Es el momento de salir a protestar sin miedo en plena pandemia, con Dios a cuesta«, exclamó Francys Rojas, docente jubilada, desde la avenida Lara. Con rabia denunció lo que ocurrió el sábado en Yaritagua, Yaracuy. «En los vídeos se veían a funcionarios violando la propiedad privada y llevándose a la gente detenida, a pesar de esa amenaza no podemos dejar de avanzar», comentó.
Los trabajadores públicos también hicieron acto de presencia. Nailen Bravo es camarera del Seguro Social Pastor Oropeza, y denunció que gana 400 mil bolívares semanal, cantidad que no le alcanza para hacer un mercado en su casa. «Mi sueldo se resume a una harina Pan, el salario se volvió polvo por la hiperinflación, ¿qué futuro le puedo ofrecer a mis hijos?», es la interrogante que ronda su cabeza desde 2018, cuando la contratación colectiva del sector salud se hizo trizas, porque el gobierno dejó de respetar los beneficios alcanzados.
«Hay gente muy habilidosa que protesta por el celular, es el momento de la sensatez, si acatamos el llamado de quédate en casa que quiere el régimen nunca saldremos de esta desgracia», apuntó Karina Jiménez. Asevera que está cansada de hacer colas de hasta 35 días para surtir gasolina. La última vez que tardó ese tiempo sólo le permitieron llenar su tanque con 30 litros.
«La gasolina iraní que llega a cuenta gotas la estamos pagando con el oro del Arco Minero, es un ecocidio del pulmón vegetal más grande de Venezuela«, denunció Jorge Arráez, jubilado.
Venció el hambre
Con troncos y arbustos cuatro familias de las comunidades La Veguita, Bella Vista Uno y Dos y calle 45 trancaron la avenida Ribereña a la altura de la calle 47, a los pocos minutos una comisión de más de 50 funcionarios de la Policía de Lara, con equipo antimotín quitaron los escombros y abordaron a las madres que reclamaban por comida y gas doméstico para alimentar a sus hijos.
«Tenemos seis meses sin gas doméstico y cuatro meses sin recibir las Cajas CLAP. Los polilara nos dicen que no podemos protestar, pero tenemos hambre. Nosotros los adultos podemos engañar al estómago, pero ¿cómo le explicas a un niño pequeño que no puede llorar porque no hay qué comer?», manifestó Jéssica Jiménez.
Génesis Urquiola es comerciante, contó que tiene dos semanas sin trabajar porque su sustento diario depende de viajar a otros estados y ofrecer productos para las peluquerías, pero esa actividad se ha convertido en misión imposible por la severa escasez de combustible. «Tengo 15 días sin percibir ingresos, me duele ver a mis cuatro hijas perder peso porque a duras penas tenemos para comer arroz y arepa pura todos los días», relató. A su cargo tiene una bebé de 4 meses, otra de siete, de cinco y de tres años.
Las familias viven un calvario, porque además que no reciben gas doméstico, tienen prohibido buscar leña en la avenida Ribereña. El área es protegida por el Ministerio de Ecosocialismo, pero a diario hay camiones extrayendo granzón, una práctica que también es ilegal. «Hemos ido a la sede de la Alcaldía de Iribarren y la gobernación e igual no obtenemos repuestas, estamos desesperadas», apuntó Jiménez.
Gremios condenan actos de represión
«Quienes tienen el poder político en este país han sido eficientes para reprimir protestas cercenando el derecho de los trabajadores venezolanos, tipificado en la Constitución, en su artículo 68 donde señala que tenemos el derecho a protestar de manera pacífica y se prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas para el control de las protestas», así lo expresó Alberto Perozo, secretario del Reclamos del Sindicato de Corpoelec, ante la fuerte presencia de funcionarios de seguridad en las protestas de ayer.
Exigió respeto por quienes alzan su voz por el descontento social y por exigir un cambio político, dijo que seguirán luchando para restituir el estado de derecho y se rescate la democracia.