María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.- La frase «hacen de tripas corazón» cada vez se hace más popular en Barquisimeto. Las personas han tenido que solucionar por cuenta propia las fallas en servicios como el agua, aseo urbano, asfaltado y hasta autogestionar para la educación y la salud, tomando en cuenta la poca esperanza que tienen ante la nula respuesta por parte del Gobierno. Como muestra de ello, son las escasas protestas de comunidades que se dieron durante el año, en cambio las gremiales estuvieron en primer lugar con 708 acciones de calle durante todo 2022 en Lara, según los datos que maneja LA PRENSA.
Alcides Pérez, quien es líder comunitario, pero también miembro del Movimiento Unidos por el Agua, dijo que ellos en las comunidades ven la angustia de la gente «porque el Gobierno no da respuesta». Agregó que por eso muchas personas prefieren dejar las protestas de calle y buscan cómo resolver sus necesidades. Pero cada dirigente desde su zona sigue insistiendo en que el reclamo debe estar presente, porque los servicios públicos y los beneficios sociales forman parte de un derecho.
El dirigente agregó que ellos consideran que las autoridades juegan al cansancio «y eso es lo que quieren que la gente no salga a reclamar y a protestar», porque la gente no lo ve como una salida y prefiere invertir ese tiempo en resolver sus problemas. Consideran que no es aceptable la situación que se vive en torno a los servicios públicos, en especial el agua y las tuberías de aguas negras que están colapsadas.
Ante esta situación, LA PRENSA ha podido ver cómo las personas buscan la manera de compensar la falta de respuesta de las autoridades; por ejemplo, les toca comprar agua a través de cisternas, por medio de la autogestión reparan colapsos de tubería e incluso han tenido que sacar de su bolsillo para poder comprar un transformador y así solventar poco a poco, pero también se encargan de tapar huecos con escombros y quemando asfalto viejo, para así darle «otra cara» a su comunidad.
Lo mismo sucede para los demás servicios que deben estar garantizados por el Estado, como la educación y la salud. Unos recurren a donaciones, rifas y hasta colectas con familiares para poder reparar, buscar un bien o un servicio para la institución educativa, mientras que otros lo hacen para cumplir algún tratamiento médico. Es decir, que la necesidad no gira en torno solamente a los servicios básicos, sino que también responsabilidades del Estado se están quedando a la deriva y los más afectados son las personas de bajos recursos.
Desigualdad
Marisol Bustamante, politólogo, detalló que no todas las personas tienen acceso a resolver sus carencias y ahí se ve la desigualdad social, «en especial en los sectores más vulnerables, porque algunos tienen más posibilidades económicas que otros», es decir, que tienen que decidir si comprar una pipa con agua que supera el dólar o adquirir una harina de maíz precocida para resolver un día de comida.
Los más desfavorecidos son quienes viven en sectores populares, como las comunidades del alto oeste, algunas del norte e incluso en la zona sur, donde las carencias de agua los golpea con más frecuencia, pues según el observatorio ciudadano Barquisimeto Propone, el municipio Iribarren está afectado en 80% por problemas de distribución.
Bustamante dijo que además eso representa una violación a sus derechos, porque el Estado debe atender urgentemente lo social porque es una prioridad, pero para ellos no es así. Agregó que la gente quiere un cambio y para eso se necesita involucrar la política y buenas estrategias que incluyan a la población.
El sociólogo, Pedro España de la Universidad Católica Andrés Bellos (UCAB), mencionó tras el informe de la Encuesta de las Condiciones de Vida (Encovi) 2022 que la desigualdad se debe reducir de manera considerable en el país, porque hay sectores que están más empobrecidos que otros y no cuentan con ningún beneficio y eso «se ve reflejado en factores sociales como infraestructura, vivienda, educación y servicios», agregando que las políticas públicas deben estar presentes y no sólo pretender que dar una bolsa de comida es suficiente, mientras que olvida el resto de las necesidades de la población.
De acuerdo a Encovi 2022, las instituciones del Estado también son «débiles» en cuanto a su accionar para promover oportunidades y atender las necesidades de los más vulnerables, hasta el punto que la desigualdad se sigue notando de manera considerable, pues no es lo mismo que una persona con mayores ingresos salariales pueda comprar un mercado para la semana, adquirir agua por cisternas si falla o buscar la manera de solventar, que una persona que devenga sueldo mínimo.
Sin frutos
A pesar de que se han registrado 708 protestas en Lara en lo que va de año por diferentes motivos, en especial las gremiales; estas no dieron muchos frutos, pues desde los sindicatos y hasta los mismos líderes de comunidades entregaron distintos documentos en la Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo, estos no fueron respondidos.
Representantes de educación, salud, trabajadores públicos, obreros y administrativos aseguran que el 2022 fue de lucha, pero este también, tomando en cuenta que las exigencias siguen intactas, pues necesitan un mejor salario, condiciones de trabajo y también dotación de insumos para trabajar.
En estas luchas también se unió el sector de los pensionados y jubilados, quienes desde marzo de 2022 están exigiendo una pensión que les alcance para sus necesidades.
Sindicalistas y representantes de distintos sectores del sector público del país advirtieron que continuarían protestando por sus derechos laborales este lunes 23 de enero de 2023, en una rueda de prensa organizada en la UCV, en Caracas.