Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Desde el 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) no ha registrado personas asesinadas por represión en protestas ciudadanas. Algo que no ocurría desde el 2013. La tendencia es positiva, pero en nada tiene que ver con una mayor democracia, sino por la cantidad de organismos internacionales de derechos humanos que tienen sus ojos puestos en Venezuela y en el Gobierno investigando crímenes de lesa humanidad. Así lo afirmó a La Prensa de Lara, Marco Antonio Ponce, coordinador general del OVCS.
Sostiene que las protestas han ido cambiando. Las causas y maneras de desarrollarse no son las mismas que hace una década. «Ya la gente no se moviliza masivamente por causas políticas, ahora lo hace para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los llamados (Desca) en DD. HH. Más del 68% de las movilizaciones que se han registrado desde el 09 de enero de 2023 en el país han sido fundamentalmente para exigir salarios justos en el sector público, y quienes encabezan la lista de manifestantes son los trabajadores de la educación, seguidos por los de salud, jubilados y pensionados».
Asegura que hay una nueva tendencia: ya los reclamos al Gobierno no se hacen cerrando avenidas ni calles principales del territorio nacional, ahora se realizan de manera más organizada y pacífica, estableciendo horarios en específico y con concentraciones frente a instituciones del Estado con competencia directa en el problema que reclaman. Cambiaron los neumáticos con que obstaculizaban las vías y las marchas por pancartas creativas y protestas temáticas, para llamar la atención sobre su descontento ante el Gobierno.
«El tema salarial continúa siendo esa consigna principal de los trabajadores, tomando en cuenta que el salario mínimo oficial en Venezuela es de 5 dólares mensualmente. Las protestas de educadores se incrementaron en 1.800% en enero. El sector educación y el de salud son los que han estado más organizados, eso tiene que ver con el tema salarial y las condiciones de trabajo«, refirió Ponce.
También plantea que hay una maduración en la concepción de la cultura de la protesta cívica en Venezuela. «Eso habla mucho del comportamiento de los ciudadanos para exigir derechos, esta relación es importante porque ese fenómeno nos dice que el venezolano se organiza más, participa en conjunto a pesar de las diferencias entre los gremios«, comunicó.
Marino Alvarado, director de la ONG Provea, precisó que este año las protestas se asemejan en algo a las del 2017. Se han dado de manera continua tanto en ciudades grandes, medianas o pequeñas. E incluso han protestado personas que están inscritas en el PSUV, pero que también sufren por los bajos salarios.
«Las protestas de estos primeros tres meses han demostrado ser bastantes pacíficas y eso además demuestra que cuando el Gobierno no se empeña en reprimirlas las posibilidades de violencia son menores. La tolerancia que ha tenido el Gobierno en los últimos meses han permitido que las protestas se inicien de manera pacífica y terminen de manera pacífica en el país«, detalló.
Carmen Sequea, socióloga y especialista en salud pública, alega que estas manifestaciones que con mucho esfuerzo se han dado desde el 09 de enero en el país arrastran un agotamiento emocional de los ciudadanos que han visto su economía, y ahora basan sus reclamos en conseguir suplir sus necesidades básicas, como salarios para poder alimentarse. «El Gobierno se burla y juega al no tomar en cuenta al otro que está en su pleno derecho de buscar mejores ingresos para garantizarse lo básico para vivir y una mejor calidad de vida, porque precisamente en lo básico es donde nos han fijado todo este tiempo, y lo básico es tener lo mínimo para alimentarnos. Según la teoría del cerebro triuno que nos lleva al cerebro básico, estamos es por la sobrevivencia. Y como hay que buscar para vivir y el vivir es alimentarse, entonces allí nos tienen enquistados, sin ocuparnos de otros asuntos esenciales para la vida«, resaltó.
Estado los ignora
Luis Salamanca, doctor en Ciencias Políticas, informó que la respuesta del Gobierno nacional ante las protestas de trabajadores públicos ha sido cerrar vías de comunicación, ignorar a esta población y jugar a desgastar sus ánimos.
«Este pueblo que protesta es ignorado por el Gobierno que mira esa protesta como el que ve llover sin pararle, como algo ya común en el ambiente. Lo único que le preocupa es que esas protestas escalen, se politicen y terminen en una explosión social porque hay un cuadro crónico de protestas sociales en Venezuela desde hace varios años«, expresó.
Agrega que esta actitud del Gobierno es característica de los regímenes autoritarios. «También tiene que ver con la realidad del país, el Estado se ha atrofiado en su capacidad de dar respuesta a la población. Chávez y Maduro abandonaron las instituciones, se dedicaron a hacer política, a promover la revolución bolivariana, a gastarse el dinero del país y no se preocuparon por el arte de gobernar«, sentenció.
Marino Alvarado, defensor de DD. HH., apunta que hay una política «muy consciente» del oficialismo de no otorgar salarios que le puedan significar al Gobierno erogaciones importantes de dinero, con la excusa de pretender controlar la inflación. «A pesar de que no han logrado acabar con la inflación, hay que reconocer que han podido reducirla sobre la base de mantener salarios de hambre. Tratando de que no haya un mayor disparo del dólar y se siga devaluando la moneda nacional, imponiendo al dólar como principal moneda de circulación a costa de someter a millones de familias a situaciones de hambre y más miseria«, exclamó.
«Hacen creer que sí hay clases»
Elsa Castillo, directiva de la Federación Venezolana de Maestros, indicó que aunque los trabajadores de educación llevan tres meses manifestándose en las calles en todo el territorio nacional por salarios que les permitan adquirir la canasta alimentaria familiar y condiciones laborales, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, se ha negado a reunirse con ellos para discutir el aumento salarial.
«Está jugando a que los representantes de la educación se conformen con cualquier cosa. Entonces han propuesto un horario mosaico, es decir, que haya dos días de actividades en los planteles educativos públicos. Algunos representantes sindicales se han dejado convencer y los directores han dividido las clases en: dos días le toca ir al salón a los alumnos de primer grado, dos días a los de segundo, a los de sexto y así. Con el propósito de hacer creer que las escuelas están activas en clases. Pero sólo algunos se han dejado convencer, el magisterio en su mayoría sigue en las protestas de calle y son respaldados por los padres y representantes«, expresó Castillo, una de las líderes de educación que ha sido amedrentada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por sus altisonantes consignas en contra de las políticas de educación que ha implementado el Gobierno en las protestas.
Afirma que la ministra Santaella ha estado haciendo gira por los estados del país, pero en algunas instituciones los docentes se han plantado a manifestar su descontento en plenas actividades que realiza el oficialismo como una medida de hacer ver que el descontento agarra fuerza entre el gremio de docentes. Asevera que las protestas son diarias y que siguen siendo en casi todos los estados del país.
«El Gobierno, incluso pretende culpabilizar a los docentes que protestan, a la no garantía y el irrespeto de los niños a la educación. Sin embargo, los docentes tienen hijos que van a la escuela, la universidad, los docentes tienen familias que necesitan alimentarse, atención de salud. No pueden garantizar el derecho a la educación si no pueden costearle la educación a sus propios hijos«, manifestó la socióloga, Carmen Sequea.
Lara ha tenido 46 protestas
Desde el 09 de enero hasta el viernes 10 de marzo, en el estado Lara, específicamente en el municipio Iribarren, LA PRENSA DE LARA ha registrado 46 protestas ciudadanas. El 65% fueron protestas liderizadas por educadores.
Ocho protestas fueron organizadas por los trabajadores de salud en el sector público, fundamentalmente médicos y enfermeros. La tercera posición la ocupan los reclamos por fallas en los servicios públicos, la mayoría protestó por agua, seguido de las protestas por cortes eléctricos prolongados o averías en los transformadores en algunas comunidades que dejó a la población sin electricidad por varios días exigiendo atención de Corpoelec.
En Lara también se contabilizaron dos protestas por inseguridad, organizadas por productores agrícolas y fue frente a la sede principal del Ministerio Público.
En el mes de enero se contabilizaron 14 protestas, y en febrero estos reclamos aumentaron un 92% con un total de 27 protestas. En lo que va del mes de marzo se han registrado cinco.
Comunidades usan los infociudadanos
Alcides Pérez, luchador social de La Carucieña, afirma que las protestas por agua potable en Lara son una constante y ahora utilizan la figura de los infociudadanos para difundir los problemas que padecen las familias. «Se ha protestado en la sede de Hidrolara, también se graban videos con las personas denunciando y se envían a los medios de comunicación social o se publican en las redes para difundir«, comentó. Son estrategias que implementan para no dejar enfriar el descontento social.
Asegura que Hidrolara ha atendido algunos reclamos, pero sus trabajos no satisfacen las necesidades de la gente que es tener más días a la semana con agua por tubería.
Nuevas maneras de reprimir
Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), anunció que si bien desde 2022 se ha disminuido la fuerte represión de organismos de seguridad y colectivos frente a manifestantes con ataques con armas de fuego y perdigones, han aumentado otras maneras de reprimir.
«Se han registrado piquetes policiales que no dejan avanzar a los manifestantes hasta las instituciones donde tienen convocadas las concentraciones, o han aumentado las persecuciones contra líderes sindicales o las judicializaciones«, expresó Ponce en entrevista telefónica.