Gremios de Lara se unen para la consulta popular

Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Representantes del magisterio y de la Gobernación de Lara, juramentaron un comando popular, para incentivar casa por casa la participación en la consulta popular convocada por la sociedad civil organizada y la Asamblea Nacional del 7 al 12 de diciembre.

«90% de la población rechaza a Nicolás Maduro, los educadores nos vamos a activar en función de seguir debilitando al régimen. El país requiere que se impulse un cambio político que nos devuelva la calidad de vida», expresó Frank Sánchez, directivo nacional del Colegio de Profesores.

Puntualizó que debido a que los educadores perciben una salario base de dos millones 500 mil bolívares, más del 70% de los docentes de liceos y escuelas públicas en la entidad, no están dando clases a distancia. «Con ese sueldo un educador sólo puede comprar dos harinas y ocho huevos. Nos estamos muriendo de hambre, además muchos no tienen los aparatos tecnológicos para dar clases», comentó.

Alvin Ortega, es educador del liceo Ezequiel Bujanda, ubicado en la calle 50 con avenida San Vicente. Mostró un teléfono sin conexión a datos de internet, modelo Nokia con tecnología 2G. «Tengo desde el mes de octubre sin poder hablar con los alumnos, y mi salario no me alcanza para pagar el pasaje hasta el plantel», puntualizó.

Andrade dijo que el gobierno nacional con sus políticas económicas ha empobrecidos a los educadores. «Requerimos un salario mensual equivalente a 600 dólares al mes, para que el magisterio tenga el mismo poder adquisitivo de la Cuarta República», sostiene.

Pagos chucutos

Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Lara (SEEPEL), indicó que desde el 30 de octubre los trabajadores de la Gobernación han recibido el pago de sus prestaciones sociales fraccionadas. «Hemos recibido tres pagos, uno de 400 mil bolívares y otro de un millón 200 mil bolívares que no alcanza para comprar ni el 1% de la canasta básica», expresó. Afirmó que los trabajadores tienen desde el 12 de marzo en sus casas, porque la gobernación no ha empezado las actividades ni en las semanas de flexibilización de la cuarentena.