José Najul | LA PRENSA.- Las opiniones de las máximas autoridades de la oposición, en lo que se refiere a cargos de elección popular en el estado Lara, sobre la aprobación del presupuesto de la nación para el ejercicio fiscal 2017 se han bifurcado. Mientras Alfredo Ramos propone una contundente negativa, Henri Falcón solicita una evaluación profunda en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El gobernador de Lara, cuyo presupuesto depende entre un 85 y 88% del situado constitucional —recurso que es enviado a las regiones por parte del Estado central para el funcionamiento de los Poderes Públicos en las entidades—, señala que hay que actuar con prudencia, reuniendo a los gobernadores, alcaldes y líderes de la MUD para debatir profundamente el asunto.
“Podríamos quedar teniendo un gobierno sin gobernar”, advierte Falcón, quien considera que, al negar el presupuesto, el chavismo puede comenzar a torpedear políticamente las regiones y municipios dominados por actores de oposición, minando las bases populares que respaldan a la Unidad, y fortaleciéndose de cara a unas elecciones regionales que, según el mandatario regional, actualmente tienen perdidas.
“No es lo mismo ver las cosas desde un partido o desde un cargo administrativo de Gobierno, que desde un cargo de elección popular. Hay que usar racionalmente las neuronas, y no pasionalmente las hormonas”, soltó Falcón, quien aún así fue enfático al calificar la aprobación de un presupuesto que se salta la consulta parlamentaria como una medida “ilegal, inconstitucional”.
Por su parte, el alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, cuyo presupuesto sólo depende entre un 10 y 15% de los recursos que le llegan a través del situado constitucional, porque el resto es generado a través del sistema de administración tributaria de la jurisdicción, asegura que el Gobierno está tratando de “chantajear” a los alcaldes y gobernadores de oposición para aprobar una medida ilegal e inconstitucional, que podría hacerlos corresponsables de uno de los más grandes delitos de la historia de Venezuela.
Ramos destaca, además, que el único destinatario de la sentencia número 814 del TSJ fue Nicolás Maduro. “Por ende, ninguna autoridad estadal, o municipal está obligada a acatar una sentencia que nada habla sobre el presupuesto de las gobernaciones y alcaldías”, reza el pronunciamiento escrito difundido por el alcalde.