Osman Rojas D | LA PRENSA de Lara.-& ;La pandemia no ha frenado los abusos de los cuerpos de seguridad. Desde que se decretó la cuarentena social en el país (16 de marzo) en Lara se han registrado 38 detenciones de personas que se encontraban protestando contra las fallas de servicios públicos. Estos arrestos se hicieron en diversos sectores, pero todos muestran una misma característica: hubo abuso de poder por parte de las autoridades.
Lisbeth Pernalete, familiar de cuatro de los siete detenidos en Torrellas de Carora, explica que el arresto de sus sobrinos, su esposo y su hijo se hizo luego que ellos protestaran por tener más de siete horas sin luz. Al parecer, una miembro del consejo comunal llamó a funcionarios de la Guardia Nacional (GNB) para dispersar la manifestación y tras la llegada de los castrenses todos los protestantes salieron corriendo y se metieron a sus casas.
La situación volvió a la normalidad hasta que una zona de abundante maleza en el sector, se produjo un incendio y allí se encuentra una instalación eléctrica de Corpoelec que no sufrió daños según informe de una jueza municipal que posterior a las detenciones realizó una inspección.
Detalla Pernalete que ese incendio fue el motivo para que los militares practicaran las aprehensiones sin orden de fiscalía, violentando puertas, usando un hacha para amedrentar a los protestantes y agrediendo a los familiares.
«Llegaron apuntando con armas de fuego a todo el mundo. Madres, niños y mujeres embarazadas, a todo el mundo apuntaron», recuerda la señora.
Para Cruz Martínez la situación fue más dramática. Según relata, a ella y a su hija los militares las arrinconaron y les pusieron un hacha en la cabeza para amedrentarlas. «A María José la tiraron en el carro como si fuese un perro. Pensé que iba muerta». Confiesa Cruz que los guardias le pusieron una almohada en el rostro mientras le pedían información de los protestantes.
Abraham Cantillo junto a Mariuska Padilla, abogados del Foro Penal en Lara denunciaron que además de las detenciones irregulares, que ya suman 38 en la región desde que se declaró la cuarentena, todas presentan hechos irregulares que evidencia la decadencia y vicios del sistema judicial en Venezuela pues los juristas confesaron que no tienen acceso rápido a los expedientes para ejercer la legítima defensa como es debido.
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