Agatha Reyes | LA PRENSA.- Carmen Durán, miembro de la directiva del Colegio de Abogados de Lara (CAEL) denunció una flagrante violación a los derechos humanos tras los allanamientos arbitrarios y sin órdenes emitidas por ningún tribunal realizado por los cuerpos de seguridad.
Resaltó el caso más reciente en Lara, ocurrido el pasado lunes en tres edificios del Clup Hípico las Trinitarias. “Más de 500 funcionarios acudieron hasta las residencias, no fue más que un asalto a civiles”, sentenció Durán al tiempo que denunció que el operativo se realizó cuando se encontraban descansando, algo que a su juicio no tiene justificación.
Criticó que el Fiscal Superior William Guerrero y la Defensora del pueblo Alba Iris Rodil apoyen la práctica que catalogó similar a un operativo de la OLP, y menciona que la actuación de los efectivos de seguridad viola los artículos 44 y 47 de la Constitución de la República, los cuales establecen que “ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial” y que “El hogar doméstico y todo recinto privado son inviolables”, es decir que no podrán ser allanados, sino mediante una orden judicial.
Durán asegura que dicha orden no fue presentada, y que por realizarse en horas de la madrugada no pudo haber testigos imparciales del hecho, por lo que exige al Fiscal Superior de Lara que se muestre a la población las órdenes para poder dar constitucionalidad a los procesos de allanamiento que se han realizado en reiteradas oportunidades. “Es un deber presentar de forma legal las órdenes”.
Instó a la sociedad civil a denunciar en los organismos competentes a pesar de saber que no se obtendrán respuestas, pero que es una forma de dejar constancia de las violaciones a los derechos que están establecidos en la Constitución que aun está en vigencia.