Ágatha Reyes | LA PRENSA.- ONG’S que defienden los derechos humanos en Lara, denunciaron que existe un grave retraso procesal en los casos de homicidios de jóvenes ocurridos durante manifestaciones en Lara, por lo que solicitaron al Fiscal Superior, William Guerrero y a la Defensora del Pueblo, Alba Iris Rodil, que se pronuncien al respecto.
El sociólogo Nelson Freitez denunció que hay omisión y retardo procesal por parte de la Fiscalía y Defensoría, y califica como inaceptable que luego de 54 días de haber recibido el disparo, aún no exista un responsable por la muerte de Yonier Peña, joven que fue baleado durante una protesta frente al Metrópolis.
“¿Que es lo que están investigando que no terminan de investigar?”, preguntó Freitez tras asegurar que hay testigos que pueden identificar al autor material, sin embargo aún no hay un dictamen que determine al responsable.
“‘Emplazamos al fiscal superior y al fiscal sexto, para que aclaren los hechos”, sentenció. Menciona que lo mismo ha ocurrido con la detención de los 14 GNB que presuntamente asesinaron a Tony, indicando que tampoco hay información cierta en relación al hecho.
Asegura que entre las violaciones a los derechos está la agresión a 34 urbanismos en Lara, donde menciona que tampoco hay un pronunciamientos por parte de los entes encargados de la defensa de los agredidos.
Por último señaló que debe existir respeto al trabajo informativo, denunciando la agresióncontra periodista y reportero gráfico del Diario La Prensa en días pasados
Deben renunciar
Por su parte, Andrés Colmenares, miembro de Funpaz, asegura que tanto el Fiscal Superior como la Defensora del Pueblo deben poner su cargo a la orden pues su actuación frente a la represión de cuerpos de seguridad contra manifestantes no está dentro del orden democrático.
En este sentido, Colmenares asegura que desde Funpaz y el Foro Penal, capítulo Lara, han brindando acompañamiento jurídico y psicológico a las víctimas de la represión. Denunció que aún permanece privado de libertad un menor de edad y seis adultos en el Cicpc, luego de los allanamientos en Valle Hondo.