Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La abogada Nancy Rodríguez de Rodríguez, vicepresidenta del Colegio de Abogados del estado Lara, indicó que se deben modificar los artículos: 6, 8, 10, 12, 14 y 15 del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional en enero de 2023, y que desde que inició este añ;o se encuentra en fase de consulta pública por considerar que contienen disposiciones repetitivas o que ya están consideradas en otras leyes nacionales. Miembros de ONG del país precisan que la normativa busca ponerle una camisa de fuerza a la asociación civil y al pensamiento crítico en Venezuela, porque exige tantos requisitos que es de «imposible cumplimiento».
«Es todavía un proyecto de ley, no ha sido aprobada la segunda discusión y tenemos oportunidad de hacer algunos cuestionamientos. Yo observo que en la ley hay muchas contradicciones. Por un lado se dice que son solamente las ONG que van a ser fundadas de ahora en adelante, pero en uno de los artículos establece que todas las ONG de Venezuela tendrán que inscribirse en un registro que van a ampliar. Entonces hay una contradicción, o son las nuevas o son todas», expresó.
Resaltó que en este proyecto de ley, las organizaciones no gubernamentales están obligadas a inscribirse en un registro y las que no lo hagan en el transcurso de un añ;o serán sancionadas. «Darán un añ;o para que todas las ONG puedan reportar su existencia y decir quiénes son sus miembros. Y eso es muy peligroso, porque no hay nada clandestino o escondido, pero hacer un registro de ONG es largo, imagínense de todos los accionistas, miembros de esas ONG, eso es una cosa interminable, casi parecido al Registro Electoral Permanente. Eso va a ser imposible, entonces puede ser que transcurra el añ;o, no va a haber oportunidad de inscribirse todas, entonces va a haber una etapa de sanción. Sanciones contra los bienes de las ONG o contra los bienes de los miembros. Eso va a ser que mucha gente se repliegue y no ayude a la ONG», explicó. Destacó el trabajo que por añ;os han hecho organizaciones civiles, como la Cruz Roja Venezolana, clubes de servicio como el Club Los Leones, Club Rotario o Fundamama que han hecho mucho a favor de la salud de mujeres con cáncer de mama.
Para analizar el alcance de esta ley, este 23 de enero, varios representantes de la sociedad civil se reunieron en Barquisimeto y analizaron cada artículo de los 14 que tiene el proyecto. Yonaide Sánchez, socióloga, y coordinadora de la ONG Transparencia Venezuela, capítulo Lara, destacó que esta ley a la que la gente le ha llamado «ley antisociedad», busca asfixiar a todas las organizaciones sin fines de lucro que reciben cooperación internacional, que trabajan por la defensa de los DD. HH., asistencia humanitaria o hasta que buscan revelar información que el Gobierno no publica por la opacidad que mantiene.
«Pretenden imponer regulaciones arbitrarias, amplía los márgenes de discrecionalidad con los cuales se decide la actuación y la existencia misma de las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Pretende imponer controles y multas excesivas que tienen que ver con el registro, que pasa de ser un registro de notificación a un registro habilitante, pasa de ser una ley que busque fomentar la transparencia para más bien utilizar una serie de regulaciones que pone en manos del Estado no solamente el funcionamiento de las ONG, sino su misma existencia», exclamó.
Explicó que en la exposición de motivos de este proyecto de ley, exigen a las ONG a rendir cuentas de los bienes, hacer declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República, y que parte de una serie de supuestos como, por ejemplo, decir que las organizaciones sociales tienen «agendas ocultas», que «operan para buscar formas de atacar a los gobiernos», o que son financiadas por organizaciones extranjeras o incluso por gobiernos «que buscan desestabilizar».
«Uno de los argumentos es que las organizaciones de la sociedad civil venezolana deben rendir cuentas. Estas organizaciones nuestras rinden cuenta, buscan transparencia, las organizaciones reportan lo que tienen que reportar al Seniat, al Inces, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al Ministerio del Trabajo, al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). Obligaciones que tiene el marco regulatorio venezolano las cumplimos y no deja de ser curioso que el mismo Estado que exige transparencia a las ONG, es el Estado que durante cinco añ;os no publicó la Ley del Presupuesto Nacional, el mismo Estado que dejó de publicar las memorias y cuentas», expresó Sánchez.
La Prensa conversó con Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien indicó que este proyecto de ley dice que el derecho de asociación en Venezuela no está lo suficientemente regulado, algo que cataloga de falso, porque solo el Código Civil venezolano tiene más de 40 artículos que es más del triple de los 14 artículos que tiene el proyecto de ley. Además, resalta que hay más de 40 leyes con más de 130 artículos que regula la libertad de asociación en Venezuela.
«Está diseñ;ada para que no se pueda cumplir y para que el Estado las pueda eliminar, como ha ocurrido en Nicaragua», expresó.
