Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Una paralización de casi el 100% registra la construcción de viviendas en el país desde 2016. Ese añ;o el sector privado logró fabricar 5.000 viviendas y el Gobierno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela un promedio de 50.214. Según Roberto Orta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, solamente en el Área Metropolitana de Caracas existe actualmente un proyecto residencial en ejecución, financiado netamente con capital privado.
En los demás estados del país han quedado edificios y complejos habitacionales a medio terminar o simplemente en planos sin utilizar. Son múltiples los factores que impiden que la construcción arranque en Venezuela, pero las principales causas es la falta de créditos bancarios y la existencia de cuatro leyes creadas en revolución, que afectan al sector inmobiliario, atentan contra la propiedad privada y generan desconfianza entre inversionistas, estas son: La Ley de Protección al Deudor Hipotecario de 2005, Ley de Tierras Urbanas y Emergencia de Terrenos de 2011, Ley Contra la Estafa Inmobiliaria de 2012 y la Ley de Regulación de Alquileres creada ese mismo añ;o.
Orta Martínez consideran necesario que sea reformada la Ley de Arrendamientos de Viviendas, que impide los desalojos de inquilinos. tras una decisión que tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 17 de agosto de 2015 y que se mantiene vigente. «Esa ley crea inseguridad jurídica para el arrendamiento y un miedo infundado en la población», destacó. El sector inmobiliario cree que un nicho importante a explotar mientras el Banco Central de Venezuela (BCV) toma la decisión de bajar el encaje legal que impide el crédito bancario, es potenciar el alquiler masivo de apartamentos y casas a nivel nacional, para aprovechar las propiedades desocupadas debido a la inmigración de 7.1 millones de venezolanos.
Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción en Lara, señ;ala que también se debe modificar la Ley del Deudor Hipotecario, porque no permite constituir hipotecas a una moneda que no sea el Bolívar, por lo que se impide financiar la adquisición de viviendas. Venezuela tiene la tercera inflación más alta del planeta, por lo que esas hipotecas deberían establecerse en una moneda extranjera como el dólar.
El gremio exige a la Asamblea Nacional 2020, la modificación o derogación de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que regula a las empresas constructoras de viviendas y a quienes las comercializan, las promueven y a las entidades bancarias que financian a estas compañ;ías. Destacan que es necesario que se permita obtener una inicial en dólares para que pueda avanzar un proyecto de construcción y se dinamice la economía.
En cuanto a la Ley de Tierras, Arias recordó que esta normativa sólo ha provocado la expropiación
Considera que se deben generar las leyes que garanticen la propiedad privada para que sean invertidos en el país 500 mil millones de dólares en capitales que tienen venezolanos en el exterior.
