Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Sin razones para celebrar hoy el Día de las Enfermeras, un sector que está terapia intensiva por el déficit del 80% en Lara, ante sueldos que rondan Bs 15 millones, una explotación laboral cubriendo varios servicios y centros asistenciales sin insumos de bioseguridad, ni las condiciones mínimas. Todo sumado a la realidad socioeconómica que les obliga a buscar otros ingresos a través de la economía informal. Hoy no hay agasajos, sino una protesta en el Hospital Pediátrico Agustín Zubillaga, ante la posibilidad de renuncias masivas que lleven a un cierre técnico.
La bomba detonante fueron las 6 renuncias de la semana pasada en este centro, que según Elda Jiménez, presidenta del Colegio de Enfermeras de Lara, supera el promedio de 3 casos por semana registrados desde febrero 2.021. Toda una caída libre que se ubica en apenas 176 enfermeras, de la plantilla inicial de 680, que descendió a 500, 250 y hasta anunciando un posible cierre técnico frente al riesgo del incremento de renuncias masivas. Una realidad que explica a nivel regional con apenas 2.500 activas en centros asistenciales, de las 12 mil inscritas en el gremio.
Dicha situación fue tan grave, que el pasado fin de semana apenas estuvo de turno una enfermera en el Pediátrico, cuando requieren 8 en emergencia general y 2 para pacientes Covid. Ese déficit desencadenó en dolor para Elizabeth Pérez, una madre que denunció la muerte de su hijo el sábado 8 de mayo, porque no había enfermeras que practicaran una aspiración ante un paro respiratorio.
«¡Ya es la etapa más difícil. No se consiguen enfermeras!», refiere en el desgaste por la carga asistencial, mientras tienen riesgos que se presenten 2 o 3 casos de niños con paros respiratorios y hasta el seguimiento de tratamiento por la vía. Un menor cae en estas crisis y amerita un equipo hasta de 5 para reanimarlo. No se puede elegir cuando todos ameritan atención y el debido monitoreo.
Al especificar al ambiente en general, Jiménez confirma que el hospital central registra 1.300 enfermeras sin incluir las últimas renuncias, cuando el grupo superaba los 2 mil. El seguro Pastor Oropeza tiene 150, de las 500 que deberían ser. El vacío también se siente en el Pastor Oropeza de Carora con 150 enfermeras, de alrededor de 200.
Aún en pie
Alberto Domínguez, del sindicato del Seguro Social, confirma que en Lara «apenas quedan entre el 45% a 55% del personal de salud en dichos centros y de esos el 80% tiene la necesidad de matar tigritos, porque prácticamente el salario se lo absorbe el pasaje para trasladarse a trabajar».
Sacan tiempo del horario de contingencia, el cual implica juntar varias guardias y quedarse corrido las 24 horas. Así solo asistirán entre 2 o 3 veces a la semana y aprovechar el resto de los días para ofrecer mercancía. Cualquier comisión -por muy mínima- es favorable y quienes llevan varios años, se organizan e independizan para surtir con más artículos.
Es un personal pujante que se alterna entre las consultas en clínicas, mientras las enfermeras acuden al servicio domiciliaria, vendiendo comida, preparando repostería y hasta incursionan en talleres de corte y costura. Revenden mercancía y aseguran comisiones por cada piezas. Lo mismo ocurre con administrativos u obreros, quienes resuelven como caleteros, en servicio de delivery, mecánicos y otros oficios.
Con guáramo
Los testimonios se condensan en la necesidad de sobrevivir. Damelis Terán ejerce en el hospital Pastor Oropeza y tiene 20 años de experiencia. Tiene dos hijos de 13 y 17 años, a quienes debe asegurarle su formación universitaria. Desde 2019 se vio acorralada por el sueldo y revende prendas de vestir y zapatos. Gana $ 2 por cada una y siempre se pregunta: «¿Qué hago?, si el salario no alcanza».
Andreína Querales y Marisleny Valles tienen una historia parecida. Son primas y hasta terminaron socias en la venta de insumos como tapaboca KN 95, caretas y trajes de bioseguridad con su debida factura. Querales tiene una carrera de 10 años y la mitad en el ambulatorio Rafael Vicente Andrade. Es madre de 2 hijos y ofrece cuidado a domicilio, además que acondicionó un espacio en su casa para vender gusanillos, parchos, tripas y otros repuestos de motos. Ofrece chucherías y arreglos de globos.
Mientras Valles a 17 años de experiencia, tiene los últimos 5 años en el hospital central Antonio M. Pineda. Realizó un curso de estética y ofrece limpieza facial, masajes y promociones de plasma. «Muchas veces llego trasnochada, luego de entregar guardia», admite desde su negocio y reitera que se trata de un esfuerzo para no abandonar su carrera.
Se trata de ese personal admirable que supera el cansancio, ese que empieza al llegar a trabajar luego de caminar varios kilómetros y ofrece su atención por la salud.
Rechazan toda coacción
El ambiente se les termina de complicar al personal sanitario cuando resaltan las sanciones y lo que consideran, como mecanismos de coacción, ante cualquier llamado de atención. «Al 20% le levantan expedientes administrativos y algunos terminan en destituciones, incluso a personal con más de 10 años de servicio», denuncia Alberto Domínguez, de la situación en algunos centros del Seguro Social.
Las enfermeras son las más cuestionadas, por ser un grupo más organizado y siempre exigen sus derechos. Luego sigue el peldaño por los médicos y en última instancia, trabajadores administrativos u obreros.
Jenny León lo confirma con su carpeta de denuncias. El 14 de diciembre de 2019 fue destituida del hospital Pastor Oropeza, luego de dos expedientes por protestar en 2018 y la acusación de milicianos, que supuestamente ella intentó agredir al director Gilberto Mendoza.
«El detonante fue cuando denuncié al director por violencia de género en la prefectura», señala esta enfermera con 18 años de carrera. Pero no ha tenido audiencia en la Defensoría del Pueblo ni fiscalía de violencia de género. No se cansa y seguirá gestionando su caso, mientras atiende en sus casas a dos pacientes en etapas terminales. No cobra sus servicios, considerando las limitaciones económicas.
Tampoco se salvan
De 35 mil trabajadores de la administración pública, apenas siguen trabajando alrededor de 17 mil. Lo confirma Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos de Lara (Sepeel), al reiterar que «la economía informal aumentó con la incorporación de docentes, contadores, abogados y otros».
Lamenta que profesionales se ubican en la avenida Vargas o mercados, para vender enseres, artefactos eléctricos, chucherías y hasta ropa usada.
Según Marín, la gobernación casi no funciona desde que inició la pandemia por Covid y son pocas excepciones que ameritan estar operativas, tales como dependencias asociadas a centros de salud, zona educativa, parque zoológico Bararida y otros.
Critica que la administración pública también ha sido muy golpeada, cuando se vulnera el derecho a la calidad de vida y a su dignidad en una política anti obrera. De allí, que buscan mejores condiciones hacia el ejercicio privado. «Es tan fuerte la preocupación que la fuga de talento ha migrado hacia países latinoamericanos, cuando anteriormente se buscaban países desarrollados», señaló resignado.
Ofrecen servicio a domicilio& ;
Los médicos se alternan con las consultas en clínicas, mientras las enfermeras pueden atender a domicilio y percibir el pago a partir de $ 6 al tomar la vía.
Esta opción es muy relativa porque no todos los familiares tienen dinero para cancelar estos servicios, que pueden ser de jornadas de 6 horas y hasta guardias nocturnas. Algunas hasta hacen turnos para cuidar a bebés recién nacidos.