Luis Marchán | LA PRENSA de Lara.- La Alianza Intergremial en Defensa de la Vida y la Salud en el estado Lara, calificó el balance del 2019 como rojo por la violación masiva de los derechos humanos, especialmente en materia laboral y de salud.

El portavoz, Omar Agüero, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Públicos del ejecutivo del estado Lara (Sepeel), adhiriéndose a los informes presentados por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indicando que el sueldo de los venezolanos es de 3 dólares que no cubre ni el 2% de la canasta básica, la cual para el pasado mes de noviembre, según el Cendas, se ubicó en 5 millones 543 mil bolívares.

«El impacto de la inflación para el mismo mes llegó a 5.500% y la interanual en 13.445%», indicó.

Otro fenómeno negativo ocurrió a causa de la centralización perjudicando a todos los trabajadores, especialmente los pertenecientes al ejecutivo regional donde «el gobierno violó la contratación colectiva y no cumplió con los parámetros salariales, al aprobar un salario mínimo general», dijo.

En materia de derechos humanos y laborales, criticó la detención de Rubén González, dirigente del sector minero, cuando fue condenado por un tribunal militar a cumplir la pena de 5 años y 9 meses de prisión, incumpliendo la solicitud de la OIT, así como las de 18 privados de libertad las empresas Alimex, Lácteos Los Andes y de Vencemos; el hostigamiento y la persecución a dirigentes sindicales como lo casos de Carlos Navarro, Erick Zuleta y Hugo Cuicas a quienes forzaron para sus autoexilios; el despojo de la sede de Fetrazulia por parte de la Procuraduría del estado Zulia; la implementación de la medida populista en el pago del Petro en el salario, el cual en nada ayuda a la economía por tratarse de un dinero inorgánico.

«El Petro es una burla para los trabajadores y jubilados«, afirmó.

Sobre los puestos de empleos, destacó que en el 2017 la gobernación tenía en nómina 35 mil trabajadores y hasta la fecha quedan 18 mil, quienes para subsistir deben rebuscarse con otras actividades.

Calificó a la gobernadora Carmen Meléndez como «cómplice de la política genocida de la población».