Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- Se anuncian como paliativos para enfrentar la dificultad de adquirir los productos básicos, es así como el Estado acumula ocho medidas desde 2003 entre el marco legal y controles de precios. Intentos que son considerados como vacíos por economistas y comerciantes, mientras no se logre frenar la inflación y terminar de levantar la economía nacional.
Es una discusión que tiene el detonante a partir de la lista de 42 productos con precios a dólar, publicada a principio de diciembre de 2022 por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y que a las pocas horas había sido borrada. Además de los constantes anuncios del jefe de Estado para hacerle frente en la lucha contra la inflación, a causa de las intermitencias del valor del dólar y el efecto directo en un consumo que terminará más mermado.
La secuencia de medidas de control fue más consecuente desde febrero de 2003. Se trata del decreto 2.304 del ex presidente Hugo Chávez, donde se consideraban 45 bienes y servicios de primera necesidad y se fijan precios por el Ejecutivo Nacional. Solo habían transcurrido cinco días, cuando el Ministerio de Producción y Comercio frenaba los precios de 106 productos alimenticios y 63 de higiene y limpieza.
Al año siguiente, dictan la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, la cual derogó aquella normativa de 1.995, que permitía la clasificación de bienes y servicios de primera necesidad y sin fijar los precios. Las regulaciones seguían entre las prioridades, tanto así que entre 2008 a 2010 la Asamblea Nacional (AN) termina promulgando la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a Bienes y Servicios.
Para julio de 2011, insistían en la lucha contra la especulación y se decretó con rango, valor y fuerza de Ley de Costos y Precios Justos. Para tal momento, ya el Estado era propietario de varias fábricas y empresas alimentarias con la justificación de promover una potente operatividad.
El otro registro corresponde a enero de 2014 y se valen de la Ley Habilitante para derogar dicha Ley de Costos y Precios Justos, dictando la Ley Orgánica de Precios Justos y establecida en la Gaceta 40.340. Con este marco, limitan a 30% las ganancias y surge la instancia rectora de vigilancia conocida como Sundde.
A final de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la Ley de Precios Acordados y en 2020 se tenía la lista de 27 alimentos. Luego correspondió el receso por la pandemia por Covid 19. La lista se cierra con el más reciente intento de diciembre de 2022.
«Todo tipo de control es contraproducente, mientras se tiene una economía de bajo crecimiento y de alta inflación», explica el economista Dilio Hernández, quejándose de las trabas para el libre mercado e impidiendo el progresivo desarrollo como nación.
Sugiere que entre las medidas de control se debería empezar por tratar de contener el mercado cambiario, ante la presión ejercida en el dólar y la dependencia entre 60% a 70% de componentes importados. Reitera que se necesitan las medidas a la brevedad posible, teniendo una época navideña con mayor demanda y con una moneda nacional devaluada.
«En lugar de controlar precios, se necesita una liberación enmarcada en un mayor control de las importaciones», refiere la desventaja para la producción nacional denunciada reiteradamente. Además de generar políticas que favorezcan la producción de bienes y servicios. Sería una competencia en equidad y así poder superar en ventas, con mejorías en calidad.
Explica que las exigencias oficiales pueden complementarse con el estímulo de la producción. Facilitar mayor capacidad de financiamiento y hasta la posibilidad de créditos, liberar el encaje legal que oscila entre 80% a 85%, reducir impuestos que pueden generar un ajuste de más de 20% en los productos (con 16% de IVA, 3% por grandes transacciones y otros), reducción de las contribuciones parafiscales (provenientes de notarias, registros y otros) y demás gastos extras que impide el desarrollo de microempresas.
El economista Jhon Cisnero también coincide en la voluntad estatal por subsidiar y supervisar el mercado paralelo, que pueda ser producto de la migración a la informalidad. Un espacio en el que escapan los controles o fiscalizaciones y suele ser de amenazas desde lo especulativo, sin garantía de calidad.
Precisa que los controles no pueden favorecer la productividad, siendo lo que más se necesita para terminar de levantar la economía. Así se genera la competencia que reduce los efectos negativos, porque a mayor existencia de productos, es menor la posibilidad de alza de precios. Al no promoverse el libre mercado, la economía queda estancada y se detiene el incremento de los pocos rubros que todavía se encuentren en el mercado.
Los economistas hablan de que hay que reconocer la realidad y& ; acabar con la angustia por acelerar el interés en la demanda cuando no hay oferta. Falta que se garantice la capacidad operativa comercial e industrial. Tal juego de incidencia entre la oferta y la demanda, genera la resistencia frente a las ventajas de productos importados, cuyo valor puede estar muy por debajo de la estructura de costos de la empresa venezolana.
Confirman la necesidad de políticas de control, acompañadas de la posibilidad de subsidios y garantizar la confianza de invertir en negocios sostenibles.
Controles exigen llegar a acuerdos
La regulación sin tomar en cuenta la realidad empresarial puede perjudicar a todos. Es la advertencia de Olim Valera, presidenta de la Cámara de Comercio de Lara, al considerar pertinente el diálogo entre cámaras y presentar las exigencias al Estado. Un llamado para centrarse en los beneficios en común, sin atropellar a comerciantes al intentar proteger al consumidor.
Resalta la disposición de colaborar con las políticas públicas y más aún, al tratarse de mejoras para el gremio. Señala la pertinencia por tratarse de un sector que cubre alrededor del 90% en la recaudación de tributos que representan ingresos para el Estado.
Considera pertinente levantar los análisis anuales y así dejar claro el contexto real, el incremento del costo del producto, debido al peso de los tributos. También se suma el costo por servicios públicos y hasta consideran el agregado por combustible para los planes de contingencia con las plantas eléctricas.
Para Eldi Montero, ex presidente de la Cámara de Comercio de Lara, el consumidor valora la realidad y se debería fijar el precio, de acuerdo a la competitividad que genere por la demanda de determinado producto. «El gobierno imponiendo, sólo puede generar escasez», porque se podría perder la capacidad de producción y se ausentarían de los anaqueles temporalmente algunos productos o rubros.
Dan una responsabilidad decisiva al usuario final, cuyo poder puede determinar ese juego de oferta y demanda. La salida del producto y su correspondencia para cubrir los gastos operativos determinan la estabilidad comercial. «Yo pago tanto, de acuerdo a lo que necesito«, expresa de la actuación de consumidores y su impacto en el mercado, buscando calidad.
Puede llegar a perjudicar
El economista Hernández entiende el interés del Estado por beneficiar al consumidor. Pero se corre el riesgo de perjudicar, debido a controles aplicados sin planificación y conducir a los usuarios hacia el mercado de la informalidad.& ;
Advierte que teniéndose comercios o empresas que no pueden sostener sus costos, simplemente hay el cese de la salida de determinados productos. No se puede ofrecer a pérdidas y frente a ese vacío en anaqueles, se aprovecha ese mercado paralelo que termina siendo la sombra desde la informalidad.
También está el riesgo de las ofertas engañosas, con precios bajos y cuestionable calidad. Un atajo en el que los consumidores no tienen cómo exigir la calidad del mismo.
Foráneos atados a costos adicionales
La situación puede ser más compleja para aquellos empresarios de los municipios foráneos. La mayoría cubre una estructura de costos, relativa a las dificultades para conseguir los productos en los mercados mayoristas. Es la preocupación de Fernando Alejos, presidente de la Asociación de Comerciantes de Torres, al recalcar los sacrificios de movilización y muchas veces, limitados con menos rubros de lo habitual.
Ilustra una panorama complejo y que para algunos suele ser más difícil, cuando se trata de desajustar el capital, para cancelar el flete o para adquirir combustible a precio dolarizado. Una constante enmarcada en aquellos pequeños comerciantes, quienes buscan la reposición de la mercancía en el mayorista de Barquisimeto.
«Es complicado, porque se trata de gastos adicionales por movilización», explica de lo que también aplica en la distribución de productos. Son montos relativos, de acuerdo a los actores y circunstancias, pero que recaen en el ajuste del precio en los productos. «¿Entonces cómo manejarse en estos controles?», deja la pregunta abierta, a sabiendas de esos comerciantes que han tenido que sacrificar parte del inventario, porque fue dispuesto al flete o asegurar el combustible.
Alza su voz en representación de aquellos comerciantes de municipios foráneos, quienes también añoran que se retome la normalidad de la ley natural de la oferta y la demanda. Un avance en simultáneo para asegurar el sólido piso del consumo y blindar la producción o reposición de los rubros. Sería un avance seguro desde el capital, alcanzado el rendimiento y sin necesidad de ajustar los precios frecuentemente.
El tema de combustible puede ser tan complejo y trascender más allá, de surtir el vehículo para la compra o distribución. También se tienen casos de esas microempresas que aseguran su operatividad de maquinarias o de plantas eléctricas, en casos de alguna eventualidad con el servicio eléctrico.
Piden mayor consideración del Estado y de aquellos particulares que sacan provecho de sus necesidades.