José Miguel Najul | LA PRENSA.- Cuando Daisy Jiménez se negó a pagar los 100 bolívares, una colectora del Ruta 16 en el que venía se abalanzó sobre ella. La empujó por la puerta y Daisy cayó de frente a un barrial a la altura de “Camas Lara”. Segundos después, la misma colectora que la había empujado cayó sobre ella, en medio de gritos, extendiendo la pelea.
El incremento unilateral del precio del pasaje por parte del Sindicato Automotor, de 50 a 100 bolívares, ha multiplicado la ya de por sí creciente fricción social. Choferes malcarados exigen la cancelación del monto que consideran justo, mientras que muchos pasajeros prefieren tragarse la molestia, otros deciden sublevarse, y emprender un microconflicto público con el que se ahorran 50 bolívares, si salen con éxito.
La pugna trasciende las escalas sociales y ha llegado a penetrar incluso en el plano político e institucional. Ayer, el concejal Francisco Carmona (PCV) junto a parte de la fracción chavista de la Cámara Municipal introdujo en el Ministerio Público una denuncia en contra de los dirigentes del sindicato. Considera que sus acciones pueden acarrear sanciones penales y administrativas.
“Erik Zuleta y Giovanny Peroza son unos delincuentes (…) Están cobrando más de lo que establecido en Gaceta, con la mirada cómplice del alcalde Alfredo Ramos y de la Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT)”, expresa el edil comunista.
Por su parte, Ibrahim Querales, concejal de Primero Justicia y de la Mesa de la Unidad (MUD) asegura que las acusaciones por parte de los concejales obedecen al propósito de “sabotear constantemente la gestión del alcalde Alfredo Ramos” a través del desprestigio.
El propio Ramos ha condenado la violencia que se ha generado en las unidades de transporte público y pide paciencia a los transportistas. Señala que 100 bolívares es un precio alto para el pasaje, debido a la “pulverización del salario” que ha provocado el Gobierno nacional.