Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- La vigilancia y protección ambiental sigue quedando corta porque la normativa legal no termina de ser aplicada por desconocimiento, desinterés de autoridades y varios aspectos pendientes que no permiten la verdadera indemnización de dañ;os. Especialistas exigen indicadores de gestión frente al riesgo perenne en los 44 parques nacionales, así como las amenazas en general por la falta de planes de adaptación por el calentamiento global.
Desde su trinchera, los ambientalistas se ubican en 1976 cuando elaboran la Ley Orgánica del Ambiente que luego fue el aval para la constitución del Ministerio de Ambiente. Pero el detenimiento es mayor cuando este añ;o se cumplieron 31 añ;os de la promulgación de la primera Ley Penal del Ambiente y que en 2012 fue actualizada para ajustarse a la Constitución Nacional. Una plataforma que permite la protección, sanción y reparación del dañ;o para la calidad de vida de la población en general.
Hildebrando Arangú, con amplia experiencia en el derecho ambiental, recalca que se deben valorar los esfuerzos de venezolanos que tuvieron como precedente a la Conferencia de Estocolmo de 1972, cuando se empezó a entender esa primera radiografía que impulsó al derecho ambiental, con mejor conexión entre la población y los suelos. Fue empezar a indagar sobre una norma jurídica que permitiera resarcir dañ;os, más allá del planteamiento técnico junto al trabajo de especialistas como biólogos, botánicos y otros conocedores de la materia.
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