José Miguel Najul | LA PRENSA.- Lo que inició como un par de tímidas voces, dentro del seno de la oposición, han comenzado a replicarse en una discreta pero constante voluntad de acatar el clamor de contundencia. Suena, aún con sus detractores, la aplicación del último y más radical dispositivo constitucional, que es el mismo con el que culmina el articulado de la Carta Magna venezolana: la desobediencia civil.
Algunos miembros de la oposición insisten en que, frente al sinfín de obstáculos impuestos por las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) -a quien acusan de estar subyugadas a los designios partidistas del PSUV y, en especial, del Ejecutivo nacional- hacia el referéndum revocatorio, deben asumir una postura más categórica.
El artículo 350 de la Constitución reza: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Víctor Castillo, dirigente regional de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), asoma la posibilidad de que un grupo de juristas esté estudiando las implicaciones de esta activación.
“La manera en la que el Gobierno nacional se ha dedicado a desconocer la aplicación de todos los mecanismos democráticos y constitucionales para su salida pacífica han provocado que la gente tome en cuenta la posibilidad de aplicar este artículo. Es algo que, por su propia conducta antidemocrática, se han buscado”, sentencia Castillo.
Luis Reyes Reyes, miembro de la dirección nacional del PSUV, asegura que la oposición ha asumido un talante radical, al desconocer las condiciones que, a su juicio, un órgano completamente imparcial ha impuesto para la activación de los mecanismos políticos.
Según Reyes, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) desea desconocer cualquier escenario que no le sea favorable políticamente.