Construcciones están paralizadas

José Miguel Najul | LA PRENSA.-  La muerte súbita alcan­zó la construcción, dejan­do miles de manos obre­ras a la intemperie. Las obras que en otro tiempo eran el núcleo de la diná­mica laboral ahora están apagadas y los trabajado­res, sumidos en el deses­pero, contemplan la de­saparición de sus ingre­sos y la aniquilación de los proyectos.

Sólo en Lara el Sindica­to de Trabajadores de la Construcción (Suticel) estima que haya unos 30 mil trabajadores de ma­nos caídas, muchos de ellos desde hace más de un año.

Pedro Peña, vocero de la organización sindical, apunta que el golpe más duro se origi­nó en el sector público, en donde, según él, están detenidas todas las labo­res importantes.

“Son las obras más grandes las que se detu­vieron definitivamente: el Sistema Yacambú Quí­bor, la represa Dos Bo­cas, las Torres de El Sisal, son sólo los grandes ejemplos de lo que está ocurriendo en el sector público de la construc­ción”, destaca Peña.

El problema, al parecer, es multifactorial, pero al­gunos de los elementos los identifican claramen­te los propios trabajado­res. Uno de ellos es la es­casez de recursos del Go­bierno nacional que, naturalmente, merma la inversión estatal; sin em­bargo, apuntan al propio chavismo como artífice de la crisis, desde que co­menzó a criminalizar la compra y venta de mate­riales de acero y del ce­mento.

“La situación del sector constructor es verdadera­mente lamentable. Es uno de los indicadores que permite saber cómo va marchando un país. Tenemos, además, un al­to índice de desemplea­dos y eso es un impacto social muy importante”, critica Orlan­do Chirinos, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Cemento en el estado Lara.

En el mundo de la cons­trucción privada, el fenó­meno es el mismo. En lo que va de 2017 sólo han contratado unos 60 obre­ros para dos obras, am­bas construcciones verti­cales, que ni siquiera han empezado.

Frank Mendoza, presi­dente de la Cámara de Construcción, ha recla­mado el hecho de que el Gobierno haya imple­mentado políticas “ana­crónicas” para tratar con la dinámica del sector, y apunta que políticas im­positivas sólo propician que los conflictos se va­yan acrecentando y que más personas ligadas al sector se vean perjudica­das.