José Miguel Najul | La Prensa-. Mientras una galopante inflación embate el poder adquisitivo del ciudadano común, los trabajadores de los entes públicos siguen percibiendo sueldos irrisorios por su desempeño laboral. La razón: el Gobierno nacional no envía los recursos y, aguas abajo, hay un debate entre seguir manteniendo la gestión o priorizar los sueldos y convertirse en entes “pagadores de nómina”.
En la Gobernación y sus diferentes dependencias hay aproximadamente 34 mil trabajadores. Ninguno ha percibido el último incremento salarial —decretado el 1 de mayo, por el Día del Trabajador— que dejó el sueldo mínimo en Bs. 15 mil y los cestaticket en 18.
Erick Valles, secretario regional de gobierno, explica que el total de ese incremento asciende a los 16 mil millones, cuando el presupuesto ordinario del Ejecutivo regional es de 13 mil millones.
El Gobierno nacional no les envía los recursos. “Sólo llegaron mil 800 millones, que son insuficientes”, apunta Valles.
El diputado Orlando Miranda (PSUV), sin embargo, señala que, por órdenes del gobernador, tienen represados 3 mil millones que prefieren usar para gestión, en lugar de priorizar el pago de personal.
“La 401 (salarios) es una partida sagrada, que debe asegurarse”, sentencia. Desde la Gobernación responden que los quieren convertir en pagadores de nómina y deteriorar la gestión que influye en el resto de la región.
En la Alcaldía de Iribarren ocurre algo parecido. El alcalde Alfredo Ramos ha enviado 43 créditos adicionales, por 244 millones 215 mil bolívares para ir cancelando progresivamente los aumentos y su impacto en el tabulador.
Pero desde el Concejo Municipal, los ediles del PSUV responden que debe ser “todo o nada”.
Alejandro Natera, de la comisión de finanzas, señala que hay dinero producto de los excedentes de la recaudación fiscal del año pasado y que este año han recaudado 700 mil bolívares mensuales que no destinan a los empleados.