Ana Uzcategui | LA PRENSA de Lara.- El presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, Pablo Chirinos, informó que el sector no ha podido adaptarse a la nueva medida del Seniat establecida en la Providencia Administrativa 0141, que exige a las empresas renovar las máquinas fiscales. Esta nueva obligación no ha sido cumplida a pesar de que entró en vigencia ayer, por dos razones. La primera es que hay poca disponibilidad de máquinas en el país y de dispositivos transmisores para que la facturación llegue a tiempo real a la empresa de recaudación de impuestos.
La segunda es que esto representa un cuantioso gasto para los comerciantes, pues cada máquina fiscal con el dispositivo de transmisión tiene un valor de 930 dólares en el mercado nacional, solamente el transmisor vale 500 dólares importarlo.
«La medida representa el quiebre para aquellas empresas que tienen más de seis máquinas fiscales. Una resolución que no toma en cuenta las dificultades económicas que ha enfrentado el sector este año, como la crisis eléctrica, la escasez de gasolina, paralización de la producción e hiperinflación», comentó Chirinos.
Vienen sanciones
Juan Pablo Pérez, tesorero de la Cámara de Comercio, comunicó que de acuerdo a la providencia del Seniat, aquellos empresarios que no adquieran las nuevas máquinas fiscales pueden ser sancionados con 150 unidades tributarias, y pueden ser sometidos a un cierre por 10 días, sin opción a poder abrir hasta tanto no compruebe que está en trámites para adquirir el nuevo dispositivo.
«El Seniat no termina de ofrecer información clara sobre el listado de las máquinas fiscales disponibles. Sabemos que los distribuidores tienen muy pocas para la venta y estamos seguros que no han llegado los transmisores importados. Eso hace inviable acatar esta medida», expresó.
Ante el nerviosismo que han manifestado los afiliados, Pérez exhortó a los empresarios a no mantener sus santamarías abajo. «Abran sus puertas, sigan facturando y cumpliendo con su recaudación semanal, porque la Ley Orgánica Tributaria establece que cada persona debe notificar al Seniat todos los pormenores explicando porqué no se ha podido adaptar a la medida, eso es determinante para flexibilizar las fiscalizaciones que se puedan registrar», expresó.
Según Pablo Chirinos, más de 150 cámaras económicas del país han solicitado la derogación de esta resolución por considerar que no es rentable para el sector.