Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- «El régimen después que destruyó las empresas que expropió o expolió del país, ahora las remata a precios de gallina flaca. Pero aplica una venta silenciosa en calidad de comodato. Este tipo de medidas sólo generará más pobreza para el país, porque son casi 500 familias que quedan sin empleos en plena pandemia». Esa fue la denuncia que lanzó el representante de la Comisión de Controlaría de la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, ante la presunta privatización del Central Azucarero Pío Tamayo, ubicado en El Tocuyo, municipio Morán del estado Lara.
Esta empresa fue expropiada en el año 2007, según comentó Héctor Escalona, operador que tiene más de 20 años de experiencia, a 480 trabajadores los mandaron a sus casas el 12 de marzo cuando inició la cuarentena con un salario de 100 mil bolívares al mes, sin respetar lo establecido en la contratación colectiva. Precisó que en el mes de abril el sindicato convocó una asamblea general donde se les notificó que la empresa sería «vendida» presuntamente al Consorcio Veinca C.A.
«En esa oportunidad nos dijeron que seríamos liquidados porque la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar (CVA) estaba en quiebra, pero el anuncio generó zozobra cuando indicaron que el Estado no cancelaría la liquidación de más de 20 años de experiencia que tiene la mayoría del personal, sino que reconocerían los años de servicio a partir de 2007», informó Escalona. Precisó que hay más de 47 trabajadores que están por encima de los 55 años de edad y están en proceso de prejubilación.
«Los nuevos empresarios que ahora manejan las acciones de la empresa indicaron que la mayoría de los trabajadores iban a recibir un contrato nuevo, pero por tres meses, suponemos que lo que pretenden es que formemos al nuevo personal que contraten para reemplazarnos«, expresó.
El parlamentario Guillermo Palacios, acusó al sindicato del Central Azucarero Pío Tamayo y a al alcalde de Morán Gisela Rodríguez de solapar esta acción. «El sindicato y la alcalde de Morán conocen de esta situación desde hace tiempo de estos desafueros que se están cometiendo contra los activos del país y contra estos trabajadores», exclamó.
Comentó que estas «privatizaciones silenciosas», se han aplicado en otras empresas del Estado venezolano, como Agropatria en El Tocuyo, Lácteos Los Andes y Café Venezuela, sin informar a la nación. Con la venta de estas empresas quedan desempleadas adicionalmente más de 150 trabajadores.